Asamblea de Venezuela aprueba por unanimidad ley de amnistía en segundo debate
Luego de una semana de intensas negociaciones y aparentes desacuerdos, finalmente en la tarde de este jueves 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela, con mayoría chavista, aprobó por unanimidad la ley de amnistía en su segundo debate legislativo. Este histórico acontecimiento marca un punto de inflexión en el panorama político venezolano, tras semanas de expectativa y presión internacional.
Trámite legislativo y próximos pasos
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, entregó personalmente el texto aprobado a la presidente encargada Delcy Rodríguez, quien ahora deberá revisar y firmar el proyecto para convertirlo en ley definitiva. Es importante destacar que este proyecto fue impulsado por el mismo Jorge Rodríguez, hermano de la presidente encargada, lo que añade un matiz familiar significativo a esta iniciativa legislativa.
Esta ley representa uno de los cambios más trascendentales impulsados por el chavismo desde el 3 de enero de 2026, fecha en que Nicolás Maduro fue extraído de Caracas por fuerzas militares estadounidenses debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.
Alcances y limitaciones de la amnistía
El proyecto de ley establece otorgar el "perdón judicial" a aquellas personas que han sido detenidas desde 1999 por razones políticas o por expresar opiniones disidentes frente al régimen que ha permanecido en el poder venezolano durante más de dos décadas. Sin embargo, las autoridades chavistas han sido enfáticas en señalar que esta amnistía no aplicará universalmente para todos los presos políticos.
Las exclusiones específicas incluyen:
- Personas involucradas en actividades relacionadas con narcotráfico
- Individuos vinculados a organizaciones terroristas
- Casos que las autoridades consideren de "grave amenaza a la seguridad nacional"
Contexto de liberaciones recientes
Desde mediados de enero, el gobierno chavista ha iniciado un proceso de liberación de un número significativo de personas detenidas por motivos políticos, incluyendo periodistas que fueron encarcelados por cubrir informaciones que evidenciaban actividades cuestionables del régimen. No obstante, organizaciones de derechos humanos han alertado que esta ley es excesivamente restrictiva y no ofrece alivio real a cientos de presos políticos que permanecen en cárceles venezolanas.
Entre los grupos más afectados por estas limitaciones se encuentran:
- Militares detenidos por supuesta deserción o insubordinación
- Activistas sociales con procesos judiciales abiertos
- Líderes opositores con múltiples cargos pendientes
Protestas familiares y casos emblemáticos
Mientras se desarrollaba el debate legislativo, algunos familiares de presos políticos completaron su quinto día consecutivo de huelga de hambre, exigiendo la liberación inmediata e incondicional de sus seres queridos. Esta medida de presión evidencia la desconfianza que existe hacia las intenciones reales del gobierno con esta ley de amnistía.
Uno de los casos más representativos de la ambigüedad en las liberaciones ha sido el del dirigente político Juan Pablo Guanipa, excarcelado el 8 de febrero pero con severas medidas cautelares que incluyen:
- Régimen de presentación cada 30 días ante autoridades judiciales
- Prohibición absoluta de salida del territorio nacional
- Restricciones de movilidad dentro del país
Tras su excarcelación inicial, Guanipa visitó varios centros de reclusión donde permanecen presos políticos en Caracas, acompañando a familiares y hablando con medios de comunicación. Estas acciones fueron consideradas por el régimen como "violación de medidas cautelares", lo que resultó en su re-aprehensión y posterior traslado al aeropuerto internacional Simón Bolívar para ser enviado a su residencia en Maracaibo, estado Zulia, donde ahora cumple arresto domiciliario.
Presión internacional y expectativas
Con esta ley, el gobierno venezolano busca responder parcialmente a las exigencias de la administración estadounidense liderada por Donald Trump, que ha presionado consistentemente por la liberación de presos políticos. Sin embargo, analistas internacionales consideran que las limitaciones incorporadas en el texto legal podrían generar nuevas tensiones diplomáticas, especialmente si persisten las detenciones de figuras opositoras bajo nuevas modalidades restrictivas como el arresto domiciliario.
La implementación concreta de esta ley de amnistía y su impacto real en la situación de los derechos humanos en Venezuela seguirá siendo monitoreada estrechamente por organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros y la sociedad civil venezolana durante los próximos meses.
