Amenazas y debate jurídico paralizan adjudicación de curules del Chocó en el CNE
El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta un escenario complejo en la definición de las dos curules de Cámara correspondientes al departamento del Chocó, donde la combinación de denuncias de amenazas y un profundo desacuerdo jurídico ha impedido la adjudicación final de estos escaños legislativos.
Denuncias de presiones indebidas detienen proceso
Durante la audiencia final de la comisión departamental del Chocó, celebrada el domingo 22 de marzo, la delegada Liza Lorethy Lozano reveló situaciones alarmantes que afectaron su capacidad para tomar decisiones. "He sido objeto de presiones indebidas que exceden el ámbito profesional", declaró Lozano, quien añadió que incluso tuvo que salir escoltada de una de las sesiones de escrutinio debido al miedo que experimentaba.
La funcionaria electoral detalló que estas presiones habían tocado su ámbito familiar, con llamadas a sus padres y familiares para injuriar y calumniar, una situación que según ella "ningún servidor público debe vivir". Estas revelaciones quedaron registradas tanto en las actas de la sesión como en la grabación oficial del encuentro.
Debate jurídico sobre validez de votos
Más allá de las denuncias de amenazas, el núcleo del problema radica en un desacuerdo fundamental entre los delegados sobre la validez de votos en tres mesas específicas. Los casos en disputa incluyen:
- Dos mesas cuyos formularios E-14 no fueron firmados por los jurados electorales
- Una mesa donde desaparecieron completamente los formularios E-14 durante el escrutinio
La delegada Lozano sostiene que, según la ley electoral, estas mesas deben ser excluidas del conteo final. "Las razones por las que senté mi desacuerdo son apegadas a la ley", afirmó, citando específicamente el artículo 5 de la ley 163 de 1994 que establece la necesidad de al menos dos firmas de jurados para validar las actas de escrutinio.
Por el contrario, el delegado Wilson Ramiro Angulo argumenta que debe primar el derecho al voto, considerando que la ausencia de firmas constituye "una irregularidad de carácter formal" insuficiente para invalidar la votación completa.
Implicaciones políticas y margen estrecho
La disputa adquiere especial relevancia debido al estrecho margen entre el Partido de la U y la coalición liderada por el Partido Conservador por la segunda curul del Chocó. La diferencia es de poco más de 1.000 votos, y la exclusión de las mesas cuestionadas implicaría alrededor de 600 votos menos, lo que podría cambiar completamente el resultado final.
Actualmente, ese escaño estaría en manos del Partido de la U, específicamente de la representante Astrid Sánchez Montes de Oca, quien negó cualquier relación con las denuncias de presiones y amenazas. En declaraciones a este medio, Sánchez Montes de Oca cuestionó la idoneidad de la delegada Lozano, calificándola como "una persona que no está preparada jurídicamente".
Traslado a instancia superior
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, la comisión departamental decidió trasladar la resolución a la sala plena del CNE en Bogotá. El caso quedó en manos del magistrado Álvaro Echeverry, quien deberá proyectar una decisión final en los próximos días.
Esta situación deja al Chocó y a Cundinamarca como los únicos departamentos pendientes de definir su representación en la Cámara, completando así la conformación departamental del legislativo. El proceso en Cundinamarca se encuentra paralizado por la resolución de más de 700 reclamaciones presentadas.
El CNE confirmó que ya se culminó el escrutinio departamental en el resto del país, adjudicando casi todas las curules disponibles. Sin embargo, el caso del Chocó se ha convertido en un ejemplo de cómo factores externos y debates interpretativos pueden complicar significativamente los procesos democráticos, especialmente en contextos de competencia electoral reñida.
