JEP imputa a ocho exmilitares por crímenes contra pueblos indígenas y afro en Nariño
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado formalmente a ocho exintegrantes del Ejército Nacional por graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra comunidades étnicas y campesinas en el departamento de Nariño. Los cargos incluyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados entre 2001 y 2012 en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas.
Patrones macrocriminales identificados
La magistrada ponente Belkis Florentina Izquierdo Torres presentó una detallada decisión donde se exponen tres patrones macrocriminales que caracterizaron la actuación de la Fuerza Pública en la región. El primer patrón corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos étnicos y no étnicos, incluyendo homicidios, masacres y detenciones arbitrarias ejecutadas directamente por militares o en connivencia con grupos paramilitares.
El segundo patrón documenta asesinatos de miembros de pueblos étnicos y comunidades campesinas que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales. La Sala evidenció un componente transversal de discriminación que asociaba sistemáticamente a estas poblaciones con la subversión.
El tercer patrón consiste en prácticas de control militar que privaron de derechos sobre territorios étnicos y tierras campesinas, mediante operativos que priorizaron concepciones contrainsurgentes sin considerar las protecciones constitucionales e internacionales especiales. Estas acciones afectaron la integridad, prácticas ancestrales, seguridad alimentaria y libre movilidad de las comunidades.
Factores estructurales y contexto regional
La Sala identificó cinco factores estructurales que contribuyeron a la comisión de los crímenes: la estigmatización sistemática de pueblos étnicos y comunidades campesinas; la ausencia de enfoque étnico-racial en las operaciones militares; la presión por resultados operacionales; las dinámicas de alianza con las Autodefensas Unidas de Colombia; y la convergencia entre cultivos de uso ilícito y la lucha antinarcóticos con enfoque militar.
Asimismo, se examinó la política de consolidación territorial del Estado y su efecto en la militarización del Pacífico nariñense. La decisión también aborda las aspersiones aéreas con glifosato para erradicar cultivos ilícitos, documentando la ausencia de consulta previa, aplicación indiscriminada del herbicida, y daños como destrucción de cultivos de pancoger, afectaciones a la salud, desplazamiento y daños a ecosistemas sagrados.
Los imputados y sus cargos específicos
Los ocho exmilitares imputados pertenecían principalmente al Grupo Mecanizado de Caballería No. 3 "General José María Cabal" y al Batallón de Contraguerrilla No. 93 "CT. Ramiro Rueda Mendoza".
- José David Vásquez Acevedo: Imputado como autor por infracción del deber de garante institucional de asesinato y tortura como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
- Juan Carlos Dueñas Mejía: Imputado como coautor impropio de asesinato, tortura y desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad, y homicidio y tortura como crímenes de guerra.
- Luis Felipe Montoya Sánchez: Imputado como autor por infracción del deber de garante institucional de exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución como crímenes de lesa humanidad.
- Carlos Alberto Gutiérrez González: Imputado como autor por infracción del deber de garante institucional de exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución como crímenes de lesa humanidad.
- Carlos Alfredo Castro Pinzón: Imputado como autor por infracción del deber de garante institucional de exterminio y traslado forzoso de población como crímenes de lesa humanidad.
- Alexander Guerrero Castellanos: Imputado como coautor impropio de asesinato y exterminio como crímenes de lesa humanidad, y homicidio en persona protegida como crimen de guerra.
- José Gregorio Betancourt Rodríguez: Imputado como coautor impropio de asesinato y exterminio como crímenes de lesa humanidad, y homicidio en persona protegida como crimen de guerra.
- Adolfo Díaz Masmela: Imputado como coautor impropio de asesinato y exterminio como crímenes de lesa humanidad, y homicidio en persona protegida como crimen de guerra.
La decisión judicial representa un avance significativo en el Caso 02 de la JEP, que aborda específicamente la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. Este proceso busca establecer verdad, justicia y reparación para las víctimas de estos graves crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano.
