Acusaciones de corrupción sacuden al partido ASI en medio de escándalo legislativo
La senadora Berenice Bedoya, presidenta del partido Alianza Social Independiente (ASI), enfrenta una grave denuncia penal tras ser acusada de exigir parte del salario de uno de sus asesores para transferirlo a miembros de su familia. La situación ha generado un intenso debate político en Colombia, especialmente en el contexto electoral actual.
Denuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia
Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías de Colombia, anunció que presentará una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra la congresista. "Se presentará denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia en contra de Berenice Bedoya Pérez, esto tras el señalamiento de exigir coimas al periodista Sergio Mesa", declaró Bustos de manera contundente.
El denunciante principal es el periodista Sergio Mesa, quien trabajó como asesor en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora. Según su testimonio, entre marzo y diciembre de 2024, y posteriormente entre enero y diciembre de 2025, debía entregar parte de sus honorarios profesionales a un yerno y posteriormente a la hija de la senadora Bedoya.
Testimonio detallado del presunto afectado
"Siendo asesor de una UTL del Senado de la República, debía entregar parte de mis honorarios para un yerno (primero) y la hija (después) de mi asesorada. En noviembre de 2024 corté con esa situación, lo cual me estaba generando un conflicto de principios", reveló Mesa a través de sus redes sociales.
El periodista reconoció que desde un principio debió negarse a esta exigencia, calificándola como un "hecho de corrupción". Sin embargo, explicó que se encontraba en una situación de vulnerabilidad profesional que le dificultó oponerse inicialmente. "Durante 2025 me negué a cumplir con ese compromiso, me gané la animadversión de mi asesorada y terminé siendo un 'mal asesor'. Esta es la verdad", afirmó con contundencia.
Respuesta de la senadora Bedoya
Por medio de sus redes sociales, la senadora Berenice Bedoya respondió a las acusaciones, negando categóricamente todos los señalamientos. La congresista afirmó conocer al periodista Sergio Mesa desde hace más de 15 años, desde sus inicios políticos en Yarumal, Antioquia, y que decidió darle una oportunidad laboral a pesar de conocer antecedentes problemáticos en su desempeño profesional.
"Desde su inclusión a mi UTL pude evidenciar las diversas dificultades que se presentaron en el relacionamiento con miembros del equipo de trabajo y otras unidades legislativas; además, desde el mes de octubre de 2025 me generaron la alerta que el profesional se encontraba solicitando favores y gestiones a mi nombre sin recibir ningún tipo de autorización", denunció la senadora en su defensa.
Controversia en contexto electoral
Bedoya sugirió que las acusaciones podrían formar parte de una estrategia orquestada en su contra, aprovechando el sensible contexto electoral colombiano. "Me causa gran extrañeza que, a pesar de que días antes de finalizar su contrato reiteró de forma pública su agradecimiento, el día de ayer haya decidido realizar declaraciones basándose en injurias y calumnias en mi contra y de mi familia", expresó con evidente molestia.
La presidenta del ASI anunció que tomará acciones legales contra lo que calificó como "mensajeros de la mentira". "Por su puesto pondré en conocimiento de las autoridades esta situación como siempre lo he hecho y desde el partido, como estamos acostumbrados. Me defenderé en derecho y ante los entes judiciales. No me voy a dejar presionar", concluyó con firmeza.
Implicaciones políticas y judiciales
Este caso se suma a una serie de controversias que han marcado la actual legislatura colombiana, poniendo nuevamente en el centro del debate público las prácticas de contratación y manejo de recursos en el Congreso de la República. La denuncia penal que se presentará ante la Corte Suprema de Justicia podría tener importantes repercusiones tanto para la senadora Bedoya como para su partido político en plena temporada electoral.
Las autoridades judiciales deberán ahora investigar las contradictorias versiones presentadas por ambas partes, en un caso que ha capturado la atención nacional y que podría establecer precedentes importantes en la lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder legislativo colombiano.
