El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado a conocer nuevos detalles sobre la acusación formal contra Álex Saab, el empresario barranquillero señalado como testaferro de Nicolás Maduro. Tras su deportación desde Venezuela, Saab compareció ante una Corte Federal en Miami, Florida, el lunes 18 de mayo de 2026, donde enfrenta cargos por lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas.
Detalles de la acusación
Según el documento presentado por la fiscalía, Saab habría participado en un esquema de corrupción que desvió fondos del programa de asistencia social venezolano CLAP, destinado a la distribución de alimentos para comunidades vulnerables. El fiscal general adjunto Andrew Tysen Duva declaró que “Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo”.
Mecanismos de corrupción
La investigación revela que Saab empleó empresas fantasma, facturas fraudulentas y registros de envío falsificados para ocultar el origen ilícito de los fondos. Además, habría sobornado a funcionarios venezolanos para asegurar la continuidad del desvío de dinero. Los contratos del programa CLAP y las ventas ilegales de petróleo están en el centro del caso.
El Departamento de Justicia indicó que la conspiración se expandió entre 2019 y enero de 2026, aprovechando las sanciones económicas que afectaban las exportaciones venezolanas, especialmente el petróleo.
Situación legal de Saab
La jueza Marty Fulgueira Elfenbein ordenó que Saab permanezca detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo miércoles 24 de junio, mientras avanzan las audiencias de acusación. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal. Cabe recordar que Saab ya había sido imputado por ocho cargos de lavado de dinero en 2020, pero el juicio no se concretó debido a un indulto del gobierno de Joe Biden tras un canje de prisioneros.
La deportación de Saab desde Venezuela, ordenada por Delcy Rodríguez, ha generado tensiones diplomáticas y especulaciones sobre una posible cooperación con la justicia estadounidense, que podría implicar a altos funcionarios del régimen chavista y empresarios colombianos.
