Congresista Karen Manrique se entrega voluntariamente a la justicia por caso de corrupción en la Ungrd
La representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte se entregó este miércoles 11 de marzo a las autoridades judiciales, luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitiera una medida de aseguramiento en su contra. La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la gestión de contratos públicos vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Entrega voluntaria en el departamento de Arauca
La congresista se presentó voluntariamente ante agentes de la Sijín en el municipio de Tame, ubicado en el departamento de Arauca. Su abogado defensor, Andrés Garzón Roa, confirmó la entrega y rechazó enfáticamente versiones que señalaban que la dirigente política habría salido del país para evadir a la justicia.
Según explicó el jurista, Manrique permanecía en territorio colombiano y no había realizado viajes recientes al exterior. En ese sentido, desmintió rumores que sugerían que la congresista se habría desplazado a Venezuela tras conocerse las actuaciones judiciales en su contra.
No obstante, fuentes cercanas a la Corte Suprema indicaron que la ponencia que ordena su captura aún no estaría firmada oficialmente. Mientras tanto, las autoridades avanzan en los procedimientos logísticos para que el también congresista Wadith Manzur comparezca ante las autoridades en el marco del mismo proceso judicial.
Comunicación previa con la Corte Suprema
Días antes de presentarse ante la Sijín, la parlamentaria había enviado una comunicación formal a la Corte Suprema en la que manifestaba su disposición de atender cualquier requerimiento judicial. En esa carta entregó direcciones y datos de contacto tanto en Bogotá como en Arauca para facilitar su ubicación por parte de las autoridades.
La entrega se produce pocos días después de que Manrique lograra su reelección al Congreso en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). En los comicios del pasado 8 de marzo obtuvo 5.640 votos, convirtiéndose en la candidata más votada de la circunscripción número dos.
Investigación por presunto cohecho impropio
El nombre de la congresista apareció en las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien rindió testimonio ante la Sala de Instrucción dentro de la investigación sobre presuntas irregularidades en la asignación de proyectos vinculados a la Ungrd.
De acuerdo con los magistrados, el material probatorio recopilado durante la fase investigativa sugiere que los implicados podrían haber incurrido en el delito de cohecho impropio. En el proceso también es mencionado el congresista Wadith Manzur.
El pronunciamiento judicial incluye además a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Todos continúan vinculados al expediente, aunque seguirán en libertad mientras avanza el trámite en la Corte Suprema.
Testimonios y pruebas documentales
Durante sus declaraciones ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez, Benavides afirmó que intercambió mensajes con varios de los políticos mencionados para informar sobre el estado de determinados proyectos. "Yo se lo envié (información) al representante Wadith Manzur por WhatsApp, al senador Juan Pablo Gallo por Signal y a la representante Karen Manrique por WhatsApp", relató la exfuncionaria.
Al ser consultada por el magistrado sobre las razones para compartir información únicamente con ellos, Benavides explicó que eran quienes le habían entregado previamente datos sobre iniciativas específicas y quienes insistían en conocer su avance durante la última semana de sesiones de la Comisión Interparlamentaria.
Según su testimonio, cuando enviaba información sobre el proyecto de Saravena a Manrique, asumía que la congresista la compartiría con el entonces representante Juan Diego Muñoz. En su declaración también sostuvo que cada uno de los políticos estaba pendiente del estado de iniciativas que consideraban prioritarias.
Contrato de 30.000 millones de pesos bajo la lupa
Entre las pruebas citadas en el proceso figura una lista manuscrita que, según la investigación, señala el interés de Manrique y Muñoz en un contrato relacionado con obras para la reducción del riesgo de inundaciones en el río Bojabá, en el municipio de Saravena. El proyecto tenía un valor estimado de 30.000 millones de pesos.
De acuerdo con las indagaciones, para que estos contratos avanzaran era necesaria la aprobación del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, así como del director de la Ungrd, Olmedo López, quienes también aparecen mencionados dentro de las líneas investigativas del caso.
La investigación continúa su curso mientras las autoridades judiciales profundizan en las posibles irregularidades en la asignación de contratos públicos dentro de la entidad encargada de la gestión del riesgo de desastres en Colombia.
