El presunto papel determinante del hermano del exalcalde en millonaria contratación irregular
En un desarrollo judicial que ha captado la atención pública, las audiencias contra tres exfuncionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) han revelado el presunto papel clave de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, en un entramado de contratación irregular que habría desviado más de 2.000 millones de pesos de los 18.000 millones investigados.
Libertad para exfuncionarios mientras se profundiza investigación
El juez 27 penal municipal concedió la libertad al exdirector del AMVA, Juan David Palacios, y a las exsubsecretarias ambientales Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, quienes enfrentan cargos por interés indebido en la contratación y peculado por apropiación en procesos contractuales entre 2020 y 2023. La decisión judicial se basó en que los acusados no representan peligro para la sociedad y han comparecido cuando han sido requeridos.
"Los judicializados fueron instrumentalizados por terceros que querían sacar beneficios de la contratación a través del Área Metropolitana", señaló el juez durante la audiencia del 16 de febrero, haciendo referencia implícita al presunto papel de Miguel Quintero en el caso.
Seis contratos directos bajo la lupa fiscal
La Fiscalía General de la Nación ha centrado su investigación en seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 bajo la modalidad de contratación directa, justificados como "apoyo a la gestión" de la entidad, pero que incluían actividades no correspondientes con esta modalidad contractual. Los contratos, valorados en 17.656 millones de pesos, beneficiaron principalmente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
El director del cuerpo de bomberos de esa época, Misael Cadavid, ya enfrenta un proceso paralelo por el que fue imputado y recibió medida de aseguramiento. Según la Fiscalía, habría terceros interesados en desviar los recursos públicos a través de esta institución.
Miguel Quintero: el presunto articulador del entramado
Aunque no está formalmente imputado, Miguel Quintero Calle se ha convertido en una figura central en las investigaciones. Durante las audiencias, el fiscal del caso expuso que Quintero habría tenido "injerencia de mando y comunicación" en los procesos de contratación, solicitando incluso la vinculación de personas específicas.
La Fiscalía presentó como evidencia conversaciones de un grupo de WhatsApp integrado por:
- Miguel Quintero Calle
- Álvaro Villada (exsubdirector Financiero del AMVA)
- Sebastián Ortega (hijo de un político de la región)
En estos chats, Quintero habría solicitado la contratación de varios individuos, remitiendo sus hojas de vida para que Villada tramitara las contrataciones. Particularmente reveladora fue una conversación del 20 de febrero de 2020 donde Quintero preguntó por Elizabeth Quintero: "Pregunta. Esta niña Elizabeth Quintero por qué no entró al Área. Pensé que ya estaba allá".
Conexiones personales y nombramientos cuestionados
La investigación ha revelado múltiples conexiones personales que habrían facilitado el presunto entramado:
- Juan David Palacio fue asesor de Miguel Quintero durante su periodo como concejal de Medellín
- Miguel Quintero habría solicitado la contratación de Ana María Roldán a través de su abogado
- Diana María Montoya, según la Fiscalía, habría sido "su amor de infancia" y fue contratada a través del subdirector Financiero
Durante la audiencia del 13 de febrero, la defensa de Palacios se refirió a un tercero que habría influido en los procesos de contratación, aunque decidió no nombrarlo en atención a la presunción de inocencia. Para los presentes en la sala, la referencia al hermano del exalcalde fue evidente.
Esquema de aparente legalidad y omisión de estudios
La Fiscalía considera que el presunto esquema de corrupción, con Miguel Quintero como "titiritero", buscaba dar apariencia de legalidad a contrataciones amañadas donde se habrían omitido estudios técnicos y realizado sobrecostos para beneficiar intereses particulares.
El juez fue contundente al indicar que la Fiscalía debe investigar más y presentar más elementos materiales probatorios en contra de los investigados, mientras que la entidad acusadora ya apeló la decisión de libertad de los tres exfuncionarios. Los argumentos de la apelación serán escuchados este martes 17 de febrero.
Este caso representa uno de los procesos de corrupción más significativos en la región antioqueña en los últimos años, con ramificaciones políticas evidentes dada la cercanía familiar con el exalcalde Daniel Quintero y la magnitud de los recursos públicos presuntamente desviados.
