Fiscalía indaga presuntas irregularidades en Fomag por más de $260.000 millones en pagos a docentes
La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), entidad adscrita al Ministerio de Educación. Según la denuncia presentada, los pagos cuestionados superarían los $260.000 millones y podrían comprometer la sostenibilidad financiera del sistema prestacional de los educadores oficiales del país.
Revisión técnica revela graves inconsistencias
La alerta se generó tras un exhaustivo proceso de revisión técnica, jurídica y financiera impulsado por la actual administración del fondo desde noviembre de 2025. En este diagnóstico se analizaron minuciosamente los pagos efectuados entre 2024 y 2025 por concepto de la prima contemplada en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Durante ese periodo, el Fomag desembolsó $458.799 millones correspondientes a 42.400 pagos individuales. Sin embargo, el informe concluyó que el 56,8% de los recursos evaluados presenta graves inconsistencias que ameritan investigación judicial.
Hallazgos más sensibles de la investigación
Entre los descubrimientos más preocupantes se encuentra la identificación de 4.405 pagos, por un valor superior a $83.082 millones, realizados a personas que ya contaban con sentencia judicial ejecutoriada que negaba expresamente el derecho a recibir esa prestación económica.
Para los investigadores del Fondo, estos desembolsos podrían configurar un detrimento patrimonial significativo, dado que existían decisiones judiciales en firme que cerraban cualquier posibilidad de reconocimiento de estos beneficios.
Múltiples irregularidades detectadas
El análisis técnico también detectó numerosos pagos a beneficiarios que no cumplían con los requisitos legales establecidos. Entre los casos observados se encuentran:
- Docentes con pensión gracia o doble pensión simultánea
- Vinculaciones laborales fuera del rango temporal permitido
- Mesadas que superaban los topes constitucionales establecidos
- Registros de personas fallecidas que seguían figurando como activas
Estos elementos, según el Fomag, evidencian fallas críticas en los mecanismos de verificación y control interno de la entidad, lo que habría facilitado el desvío de recursos públicos.
Cambios cuestionados en interpretación jurídica
Otro aspecto que generó alarma entre los investigadores fue la expedición, el 15 de agosto de 2025, de un concepto jurídico que modificó sustancialmente la interpretación que la entidad venía aplicando sobre el reconocimiento de la prima docente.
De acuerdo con la revisión interna, este cambio se produjo sin que existiera una reforma legal o una sentencia de unificación que alterara la línea jurisprudencial vigente, lo que habría tenido un impacto financiero significativo en las decisiones administrativas posteriores.
Filtración de información confidencial
A esta situación se suma la entrega, en septiembre de 2025, de una base de datos con información sensible de más de 9.000 docentes a un abogado particular sin la debida autorización institucional. Según las investigaciones preliminares, esta filtración habría facilitado la promoción de demandas masivas contra la entidad.
Investigados incluyen altos funcionarios
En la denuncia presentada ante la Fiscalía fue incluido el abogado Yobany Alberto López Quintero, así como todas las personas que autorizaron y ejecutaron los pagos cuestionados. Queda ahora en manos del ente investigador establecer si existieron conductas punibles o responsabilidades disciplinarias en estos casos.
Paralelamente, por orden de un juzgado de Armenia, se conoció que serán investigados el ministro de Educación, Daniel Rojas, y la directora de Fiduprevisora, Magda Lorena Giraldo, dentro del mismo contexto relacionado con la aprobación de estos desembolsos cuestionados.
Posición oficial del Fomag
El vicepresidente del Fomag, Herman Bayona Abello, insistió en que la actuación judicial no está dirigida contra los derechos de los docentes. "El magisterio debe tener plena tranquilidad de que esta actuación no es contra sus derechos. Nuestro deber es proteger a los maestros y maestras del país y garantizar que los recursos del Fondo se manejen con total transparencia", afirmó el funcionario.
Relevancia nacional del caso
Este caso adquiere especial importancia debido a que el Fomag es una entidad estratégica que administra recursos destinados a salud, pensiones y riesgos laborales de los docentes oficiales de todo el país. Por ello, las indagaciones no solo apuntan a determinar eventuales conductas punibles individuales, sino también a esclarecer si existieron fallas estructurales en los mecanismos de supervisión y control sobre uno de los fondos más sensibles del sector educativo colombiano.
La investigación judicial busca establecer específicamente si hubo omisiones deliberadas, autorizaciones indebidas o responsabilidades administrativas en la aprobación de estos desembolsos, especialmente en aquellos casos donde existían fallos judiciales previos que negaban expresamente el derecho al pago de estas prestaciones económicas.
