Findeter cancela millonario contrato por presunta falsedad documental
La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) ha tomado la decisión de revocar un contrato por 18 mil millones de pesos destinado a la adquisición de maquinaria amarilla, tras descubrir irregularidades en la documentación presentada por el consorcio adjudicatario. La entidad confirmó que iniciará un nuevo proceso de selección mientras avanza la investigación penal correspondiente.
Denuncia formal ante la Fiscalía General
El pasado martes 24 de marzo, la Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia formal que involucra este contrato público. Las autoridades investigan presuntas falsedades en certificados bancarios y adiciones injustificadas al proceso contractual, según documentos a los que tuvo acceso esta investigación periodística.
El contrato en cuestión tenía como objetivo "la adquisición de maquinaria amarilla y volquetas para el desarrollo de actividades de construcción, mejoramiento y mantenimiento de las vías en los municipios de Tibú y Sardinata en Norte de Santander, Roberto Payán y Tumaco en Nariño y Villa Garzón en Putumayo". Estas zonas presentan complejas situaciones de orden público con presencia de grupos armados como el ELN y disidencias de las FARC.
El consorcio MAQ 2026 y sus integrantes
El consorcio ganador fue MAQ 2026, conformado por dos empresas con participaciones diferenciadas:
- Grupo Inversionista El Transportador SAS (70% de participación): Empresa dedicada al comercio de vehículos automotores nuevos y maquinaria, fundada en 2010 en Ibagué, Tolima. Su representante legal es Serafín Antonio Urrea Martínez y reportó activos por 3.700 millones de pesos en 2025.
- Emarco SAS (30% de participación): Compañía enfocada en construcción de edificios residenciales y transporte de carga por carretera, creada en 2011 en Montería, Córdoba. Sus accionistas son Annie Yohai Macea Cano y Ana Cecilia Maussa Doria, con activos reportados de 860 millones de pesos en 2025.
El certificado cuestionado de Dinissan
La controversia central gira en torno a un documento presentado por El Transportador SAS en la plataforma de contratación Secop, donde aseguraba ser distribuidor autorizado de la marca Dinissan. Sin embargo, la propia empresa Dinissan confirmó a Findeter que dicho certificado "no hace parte de sus registros institucionales ni corresponde a una certificación válida emitida por la compañía".
Ante esta situación, Findeter anunció medidas contundentes:
- Terminación del contrato con declaratoria de incumplimiento
- Reclamación y declaratoria de siniestro ante la aseguradora de la licitación
- Denuncia penal por los delitos de falsedad en documento privado y uso de documento falso
La defensa del consorcio MAQ 2026
Un vocero de Colombian Business Group, apoderados del consorcio, manifestó a este medio que Findeter actuó de manera "apresurada" al publicar el comunicado de terminación contractual. El representante aseguró que se encuentran dentro del plazo de cinco días hábiles para presentar su defensa formal.
"Estamos preparando la defensa y los soportes para acreditar que la certificación a la que se refieren no era necesaria para ganar la licitación", afirmó el vocero, quien añadió que según el pliego de condiciones solo se debía demostrar relación comercial con la marca.
Sobre el documento cuestionado, ofreció una explicación particular: "Alguien de la empresa tal vez accidentalmente envió el documento que no era necesario. Ese no se iba a enviar porque sencillamente no se necesitaba, no aportaba nada".
El apoderado reveló además que, aunque Findeter no ha realizado ningún desembolso, el consorcio ya ha invertido aproximadamente 8 mil millones de pesos en vehículos y capacitación de conductores y personal especializado.
Implicaciones y próximos pasos
Este caso representa un serio cuestionamiento a los mecanismos de control en la contratación pública colombiana, especialmente en proyectos que se desarrollan en zonas con presencia de grupos armados ilegales. La investigación de la Fiscalía determinará si existió dolo en la presentación de documentación falsa o si, como alega el consorcio, se trató de un error administrativo.
Findeter, por su parte, mantiene su posición de reiniciar el proceso de selección para garantizar la transparencia en la adjudicación de este importante contrato de infraestructura vial. La entidad ha enfatizado su compromiso con la legalidad y la correcta ejecución de recursos públicos, especialmente en regiones que requieren urgentes intervenciones en materia de conectividad y desarrollo territorial.
