Dos edificios del centro de Bucaramanga enredados en escándalo de corrupción judicial
Dos edificios ubicados en el corazón de Bucaramanga han sido identificados como parte de la compleja trama de corrupción que sacudió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Estas propiedades, situadas estratégicamente frente a la Cámara de Comercio de la ciudad santandereana, están registradas a nombre de Jorge Enrique Cortés Rojas, quien según investigaciones judiciales iba a recibir un pago fraudulento de 64.000 millones de pesos en uno de los casos más escandalosos de venta de sentencias que estalló en 2019.
La red criminal del magistrado corrupto
El ex magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, condenado a siete años y siete meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia en febrero pasado, operaba una organización criminal dedicada específicamente a la comercialización de procesos judiciales. Según las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, este funcionario judicial convertía las sentencias que dictaba en un negocio privado y lucrativo, recibiendo dinero, propiedades y otros beneficios a cambio de fallos favorables.
Vargas Bautista, quien ejerció como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, coordinaba directamente con los demandantes para condenar arbitrariamente a entidades oficiales, repartiendo posteriormente las indemnizaciones obtenidas fraudulentamente. Su patrimonio, producto de estas actividades ilícitas, superó los 32.000 millones de pesos e incluyó 31 propiedades registradas a su nombre.
El caso más cuantioso: 64.215 millones contra el Acueducto de Bogotá
El fraude judicial de mayor magnitud descubierto en esta investigación involucró a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), condenada en 2014 a pagar $64.215 millones a Jorge Enrique Cortés Rojas. La sentencia, posteriormente revocada por el Consejo de Estado, se basó en una demanda que había caducado y que el magistrado Vargas Bautista decidió tramitar de mala fe.
El demandante alegó perjuicios por no poder ejercer el derecho de dominio sobre tierras cercanas al humedal Jaboque, próximo al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que Cortés Rojas no era legítimo propietario del predio, ya que la escritura de compra era nula por objeto ilícito al coincidir el terreno con una reserva ambiental protegida.
Los vínculos con el paramilitarismo y narcotráfico
Según documentos de la Fiscalía, la escritura fraudulenta se originó "en quienes en el pasado representaban los intereses delictivos de reconocidos narcotraficantes y paramilitares como Angel Gaitán Mahecha y Miguel Arroyave". Esta conexión con estructuras criminales se profundiza con la participación de Carlos Alberto Alvarez Borrego, quien se presentó ante la justicia como arrendador y administrador de los dos edificios de Bucaramanga.
Alvarez Borrego, conocido como "El Capi" durante su pertenencia al Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, reclamó los arriendos generados por las propiedades desde enero de 2022. Su condena por lavado de activos fue confirmada en 2009 por el Tribunal Superior de Bogotá, y en enero pasado fue vinculado formalmente al proceso de extinción de dominio sobre los inmuebles.
La novia del magistrado y la distribución irregular
Kelly Andrea Eslava Montes, identificada por la Corte Suprema de Justicia como "la amante y secuaz" del magistrado Vargas Bautista, jugó un papel fundamental en la red criminal. Esta abogada, quien trabajó como auxiliar en el despacho del magistrado entre 2007 y 2010, fue la profesional que llevó la demanda de Cortés Rojas contra el Acueducto de Bogotá.
Según las investigaciones, Eslava y Vargas Bautista mantuvieron una relación sentimental durante aproximadamente doce años, desde 2007 hasta 2019, período durante el cual gestionaron actividades ilícitas vinculadas con los procesos judiciales a cargo del magistrado. La propia Eslava reconoció en 2022: "A mí me duele mucho lo que hice, me duele pensar en el fraude tan berraco que cometí".
Detalles de las propiedades embargadas
Los dos edificios involucrados, ubicados en la carrera 19 #36-55 y carrera 19 #36-65 de Bucaramanga, fueron adquiridos por Cortés Rojas en 2017 mediante escritura de la Notaría Segunda de Bucaramanga por 2.100 millones de pesos. La Fiscalía estimó en 2022 su valor comercial en 3.800 millones de pesos, con un área total de 1.440 metros cuadrados.
Estas propiedades fueron embargadas en 2022 por decisión de un juzgado de extinción de dominio, medida que se mantuvo a pesar de los intentos del abogado Juan Carlos Vélez Muriel para levantar la restricción. La DIAN justificó su negativa alegando que había iniciado el cobro coactivo contra Cortés Rojas por falta de pago del impuesto sobre la renta en 2012 y 2013.
Otros integrantes de la red criminal
La investigación también identificó a Aldemaro Vargas González como otro miembro activo de la organización. Este individuo recibía en su cuenta de Bancolombia dineros destinados al magistrado Vargas Bautista y adquirió varias fincas en sociedad con el funcionario judicial. Según informes de la Fiscalía, Vargas González es un desmovilizado del frente 25 de las FARC.
El magistrado Vargas Bautista, de 70 años, fue condenado específicamente por los delitos de cohecho y prevaricato, mientras que los acuerdos entre las partes involucradas establecían que del pago fraudulento de 64.000 millones, la abogada Kelly Eslava recibiría $12.000 millones como compensación por su participación en el esquema ilícito.
