Corte Suprema ratifica prisión para exdirector del DAPRE vinculado a millonario escándalo de sobornos
La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Civil, confirmó de manera definitiva la sentencia que mantiene la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González Merchán, prófugo de la justicia y quien se desempeñaba como exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Esta decisión judicial representa un hito significativo en la investigación de uno de los casos de corrupción más resonantes de los últimos tiempos.
Pruebas contundentes y delitos graves
El alto tribunal respaldó íntegramente la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida en septiembre del año pasado, que encontró acreditada la inferencia razonable de autoría de González Merchán en tres delitos de alta gravedad:
- Cohecho por dar u ofrecer
- Peculado por apropación
- Lavado de activos
La justicia determinó que las pruebas halladas en su contra sobre su presunta participación como determinador en el esquema de sobornos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) son más que suficientes para justificar su privación de la libertad. Según los magistrados, estas evidencias constituyen un cuerpo probatorio sólido e incontrovertible.
La operación ilícita: $4.000 millones en sobornos
El fallo detalló minuciosamente la operación ilícita orquestada para cumplir con compromisos políticos del gobierno. La investigación avalada por la Corte establece que González Merchán ofreció a Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, presidentes del Senado y Cámara respectivamente durante el periodo 2023-2024, "la posibilidad de manejar contratos públicos o dinero" con el objetivo claro de conseguir apoyo político para los proyectos de ley del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según la investigación, González solicitó a Olmedo de Jesús López Martínez, entonces director de la UNGRD, entregar las sumas acordadas, operación que se materializó en dos momentos clave el 25 de septiembre de 2023:
- Para Iván Name se destinaron $3.000 millones de pesos, convenio pactado en un desayuno en la habitación 2312 del Hotel Tequendama, organizado por la exconsejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova.
- En el caso de Andrés Calle, el monto ascendió a $1.000 millones de pesos, entregados directamente en las instalaciones de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Origen de los recursos y método de entrega
Los $4.000 millones provinieron de un contrato de $46.000 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira, del cual Olmedo López exigió un 14% en sobrecostos que fueron desviados para financiar los sobornos.
La entrega física del dinero a Name se realizó mediante maletas transportadas en camionetas oficiales, recibidas inicialmente por Sandra Ortiz de manos de funcionarios de la UNGRD. Este modus operandi revela la sofisticación y audacia del esquema corrupto, que utilizó recursos públicos y vehículos institucionales para perpetrar los ilícitos.
Defensa desestimada y testimonios clave
La defensa de González Merchán alegó persistentemente que la acusación se basaba en "testimonios sesgados" y carentes de respaldo objetivo. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó completamente este argumento y validó la credibilidad otorgada a las declaraciones de Olmedo López, quien fue "consistente en señalar al entonces director del DAPRE como la persona que, desde su posición, le ordenó ejecutar los actos de corrupción".
Los magistrados destacaron la coherencia, precisión y corroboración de los testimonios, que junto con la evidencia documental y financiera, configuran un caso judicial sólido que justifica plenamente la medida de aseguramiento contra el exfuncionario.
