Contraloría expone masiva contratación directa previa a restricciones electorales
La Contraloría General de la República ha realizado un exhaustivo análisis sobre las contrataciones directas ejecutadas durante el mes de enero de 2026, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Esta normativa, diseñada para promover la transparencia y la igualdad de condiciones en los procesos públicos, prohíbe específicamente la realización de contrataciones directas durante los cuatro meses previos a cualquier elección.
Cifras alarmantes en volumen y valor
Los hallazgos del organismo de control son realmente impactantes. En ese período se registró un total de 521.269 contratos suscritos, los cuales movilizaron recursos por la astronómica suma de COP 32,88 billones. Al desglosar esta cifra, se observa que COP 17,8 billones correspondieron a entidades del orden territorial, COP 14,9 billones al orden nacional y COP 0,3 billones a corporaciones autónomas regionales.
La comparación con el mismo intervalo del año 2022 revela una tendencia preocupante. Mientras en ese año se reportaron 495.527 contratos por un valor de $25,22 billones, en 2026 se presentaron incrementos sustanciales: un 5,2% en el número de contratos y un 30,4% en los valores comprometidos. Este crecimiento exponencial en el monto total de los contratos directos genera serias interrogantes sobre las prácticas administrativas.
Concentración en la última semana de enero
El análisis diario arroja datos aún más reveladores. Durante los primeros 25 días de enero, las contrataciones promediaron los COP 0,74 billones diarios. Sin embargo, la última semana del mes, que coincide precisamente con el período inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la restricción, concentró la mayor actividad, con COP 14,8 billones en contrataciones.
El punto más crítico se registró el 30 de enero, último día hábil antes de la prohibición, con un pico histórico de COP 5,7 billones en contrataciones directas. Esta concentración temporal sugiere una carrera contra el reloj por parte de diversas entidades estatales.
Desglose por niveles de gobierno y entidades
En el orden nacional, enero de 2026 registró 164.813 contratos suscritos bajo modalidades de Contratación Directa, por un valor de $14,86 billones. Esto representa incrementos del 52,6% en número de contratos y del 68,2% en valor contratado respecto al mismo período de 2022, cuando se celebraron 107.971 contratos por $8,84 billones.
Las entidades nacionales que lideraron este ranking fueron:
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): COP 1,72 billones
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): COP 1,26 billones
- Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil: COP 0,76 billones
En el ámbito territorial, las entidades con mayores contrataciones fueron:
- Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla: COP 1,33 billones
- Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín: COP 0,88 billones
- Santiago de Cali Distrito Especial: COP 0,54 billones
Predominio de la modalidad de Prestación de Servicios
Dentro del espectro de contratación directa analizado, la modalidad de Prestación de Servicios (OPS) concentró la mayor parte de la actividad. El consolidado estatal (nacional + territorial) registró bajo esta modalidad un total de 501.423 contratos por un valor de $22,34 billones.
Estas cifras equivalen al 96,2% del total de contratos y al 67,9% del valor total contratado durante el mes. En contraste, los 19.846 contratos restantes suscritos en otras modalidades de contratación directa representaron $10,54 billones, correspondientes al 32,1% del valor total del mes.
Impacto fiscal y monitoreo continuo
La Contraloría General advierte que este tipo de movimientos contractuales masivos genera un impacto fiscal significativo en los recursos económicos asignados tanto a la nación como a las entidades territoriales. El organismo ha enfatizado que continuará realizando un monitoreo preventivo y analítico de estas prácticas.
El objetivo principal es emitir alertas tempranas que permitan fortalecer la transparencia en la gestión pública y proteger los recursos del Estado, especialmente en el actual escenario electoral donde la vigilancia sobre el uso de fondos públicos se intensifica naturalmente.
