Contraloría detecta aceleración en contratación directa previa a restricción electoral
La Contraloría General de la República ha revelado un comportamiento significativo en la contratación directa reportada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) durante el mes de enero de 2026. El análisis, realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), abarcó el período comprendido entre el 1 y el 30 de enero, justo antes de la entrada en vigencia de la restricción contemplada en la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales.
Volumen récord en contratos antes de la limitación
Según el organismo de control, el consolidado nacional y territorial registró un total de 521.269 contratos suscritos, representando un valor total de $32,88 billones. Esta cifra refleja el volumen contractual alcanzado en el mes previo a la aplicación de la restricción, la cual comenzó el 31 de enero y limita este tipo de contratación hasta mayo o junio, en concordancia con el calendario electoral.
El balance muestra un crecimiento considerable frente al mismo período de 2022, cuando también regía una restricción previa a elecciones. En ese entonces se suscribieron 495.527 contratos por $25,22 billones. Para 2026, la variación fue del 5,2% en número de contratos y de un 30,4% en valor, evidenciando una tendencia alcista en la contratación pública directa.
Aceleración en los días finales de enero
La dinámica mensual evidencia una clara aceleración en los días finales del período analizado. Durante los primeros 25 días de enero de 2026, el promedio diario se ubicó en $0,74 billones. Sin embargo, la última semana concentró $14,8 billones en adjudicaciones, marcando un pico significativo.
El mayor registro se produjo el 30 de enero, cuando el monto contratado alcanzó los $5,7 billones en una sola jornada, estableciendo el nivel más alto de todo el mes. Este comportamiento sugiere una carrera contra el tiempo antes de la entrada en vigor de las restricciones electorales.
Desglose por niveles y entidades
En el nivel nacional, la Contraloría informó que en enero de 2026 se suscribieron 164.813 contratos bajo distintas modalidades de contratación directa, por un valor de $14,86 billones. Esto equivale a un aumento del 52,6% en número de contratos y del 68,2% en valor frente a 2022, cuando se celebraron 107.971 contratos por $8,84 billones.
Entre las entidades nacionales con mayores montos adjudicados mediante contratación directa se destacan:
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): $1,72 billones
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): $1,26 billones
- Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil: $0,76 billones
En el orden territorial, el liderazgo correspondió a:
- Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla: $1,33 billones
- Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín: $0,88 billones
- Santiago de Cali Distrito Especial: $0,54 billones
Predominio de la modalidad de Prestación de Servicios
La modalidad de Prestación de Servicios (OPS) concentró la mayor parte de los contratos. El consolidado estatal registró bajo esta modalidad un total de 501.423 contratos por un valor de $22,34 billones, equivalentes al 96,2% del total de contratos y al 67,9% del valor contratado.
En contraste, los 19.846 contratos restantes, suscritos en otras modalidades de contratación directa, sumaron $10,54 billones, equivalentes al 32,1% del valor total del mes. Esta distribución evidencia el peso predominante de las OPS en el volumen contractual de enero.
El comparativo específico de los contratos de prestación de servicios muestra un incremento del 64,48% en el número de suscripciones, al pasar de 103.563 en 2022 a 160.616 en 2026. En términos de valor, el crecimiento fue del 75,14%, al subir de $5,4 billones a $9,5 billones durante el mismo mes de enero.
Impacto fiscal y advertencia de la Contraloría
La Contraloría General advirtió que el aumento de la contratación directa en el período analizado tiene un impacto fiscal significativo sobre los recursos asignados en el presupuesto nacional y en las respectivas entidades. Este fenómeno, que se repite en contextos preelectorales, requiere especial atención y control para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos.
El organismo de control subraya la importancia de monitorear estas tendencias, especialmente en períodos sensibles como los previos a procesos electorales, donde las restricciones buscan prevenir posibles irregularidades en la contratación estatal.
