Contraloría expone graves irregularidades en contrato para recuperación de arrecifes en San Andrés
La Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), tras evidenciar presuntas irregularidades por 4.642 millones de pesos en contratos relacionados con la recuperación de arrecifes coralinos en la única región insular del país.
Auditoría revela múltiples inconsistencias en ejecución de recursos
El hallazgo se conoció luego de que el órgano de control realizara una Auditoría de Cumplimiento correspondiente a la vigencia 2023-2024, en la que identificó múltiples inconsistencias en la ejecución de recursos públicos destinados a la protección de ecosistemas marinos estratégicos para el archipiélago.
Según la Contraloría, uno de los puntos más críticos se centra en un contrato interadministrativo firmado el 28 de noviembre de 2023 entre Coralina y la Asociación de Municipios de la Costa (Asomucosta), cuyo objetivo era evaluar el grado de afectación de los arrecifes coralinos por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo.
Hallazgos fiscales por cerca de 3.000 millones de pesos
En ese contrato específico, el organismo de control estableció un hallazgo administrativo con connotación fiscal por cerca de 3.000 millones de pesos, derivado de fallas estructurales en la planeación y ejecución del proyecto de recuperación ambiental.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran:
- Deficiencias en los estudios previos que generaron incertidumbre sobre las necesidades reales del contrato
- Falta de especificaciones técnicas en materiales, equipos y actividades requeridas
- Ausencia de información sobre insumos claves como la cantidad de ungüento y amoxicilina necesarios
- Indicadores no ejecutados, incluyendo la contratación de biólogos que terminó siendo realizada por Coralina
Viajes a Bahamas y gastos no justificados
Uno de los aspectos más cuestionados por la Contraloría tiene que ver con la inclusión de gastos no contemplados en los estudios previos, específicamente vuelos y alojamiento entre Bahamas y el archipiélago de San Andrés, lo que incrementó los costos del proyecto sin una justificación clara dentro del marco contractual.
Además, aunque se contemplaban costos asociados a transporte marítimo y logística, no se precisó el número de lanchas necesarias ni el detalle de las operaciones, lo que afectó significativamente la trazabilidad del presupuesto asignado.
Pagos por servicios con inconsistencias y actividades no ejecutadas
En total, el ente de control identificó pagos por 1.949 millones de pesos en servicios con inconsistencias documentales, así como desembolsos por cerca de 3.000 millones de pesos relacionados con actividades no ejecutadas o sin los debidos soportes técnicos y administrativos.
Como resultado de la auditoría exhaustiva, se configuraron 20 hallazgos administrativos, de los cuales 8 tienen connotación fiscal directa, 15 podrían tener incidencia disciplinaria para los funcionarios involucrados y 2 tendrían posibles implicaciones penales que deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.
Graves debilidades en la gestión de recursos públicos
Para la Contraloría General de la República, estos hechos reflejan graves debilidades en la planeación, supervisión y control de los recursos públicos, lo que no solo compromete el patrimonio del Estado colombiano, sino que también pone en riesgo la efectividad de proyectos destinados a la protección de ecosistemas estratégicos como los arrecifes coralinos del archipiélago de San Andrés.
La situación es particularmente preocupante considerando que zonas como San Andrés e Islas del Rosario enfrentan una gran contaminación ambiental a causa de actividades como el turismo masivo, que deja grandes cantidades de residuos plásticos afectando directamente la salud de los ecosistemas marinos.
