Contraloría General reporta hallazgos fiscales millonarios en contrato de recuperación de arrecifes
La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Carlos Hernán Rodríguez, ha revelado hallazgos fiscales por un valor de $4.642 millones en un contrato adjudicado a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, conocido como Coralina. Estos hallazgos corresponden a la vigencia 2023-2024 y se derivan de una Auditoría de Cumplimiento que expuso graves fallas estructurales en el proceso contractual.
Inconsistencias en pagos y desembolsos sin soporte
El ente de control identificó inconsistencias significativas en los pagos realizados, los cuales ascienden a $1.949 millones. Además, se detectaron desembolsos asociados a ítems que no fueron ejecutados o que carecían del soporte documental necesario. En conjunto, estas irregularidades alcanzan un monto aproximado de $3.000 millones, lo que representa una grave afectación a los recursos públicos destinados a la conservación ambiental.
Detalles del contrato interadministrativo
El contrato en cuestión fue suscrito el 28 de noviembre de 2023 entre Coralina y la Asociación de Municipios de la Costa (Asomucosta). Este acuerdo tenía como objetivo evaluar la afectación de los arrecifes coralinos por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo, así como la recolección de muestras dentro del proyecto de recuperación de estos ecosistemas marinos. Sin embargo, la auditoría reveló múltiples deficiencias:
- Falencias en los estudios previos, generando incertidumbre sobre las necesidades reales del proyecto.
- Falta de especificaciones detalladas en materiales, equipos y operación logística, lo que comprometió la trazabilidad del valor contractual.
- Omisión de aspectos clave, como el número de lanchas requeridas y los insumos necesarios, incluyendo cantidades de ungüento y amoxicilina para actividades en campo.
Ítems no ejecutados y servicios no contemplados
Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran ítems que no fueron ejecutados, como la contratación de biólogos. Aunque esta responsabilidad correspondía al contratista, Coralina procedió a vincular a estos profesionales y, a pesar de ello, se efectuaron pagos correspondientes. Adicionalmente, se identificaron servicios incluidos en las propuestas, como vuelos internacionales, que no estaban contemplados en los estudios previos, lo que evidencia una falta de planeación y control en la ejecución del proyecto.
Consecuencias administrativas y legales
La Contraloría estableció un total de 20 hallazgos administrativos, de los cuales ocho tienen connotación fiscal, 15 presentan posible incidencia disciplinaria y dos podrían derivar en incidencia penal. Asimismo, se determinaron beneficios de auditoría por $107 millones, lo que refleja la magnitud de las irregularidades detectadas. Este caso subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la contratación pública, especialmente en proyectos ambientales críticos para la biodiversidad colombiana.
