Contraloría General advierte graves vacíos en decretos de Emergencia Económica
Tras un exhaustivo análisis de los 18 decretos expedidos por el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 0150 de 2026, la Contraloría General de la República ha emitido una alerta significativa sobre deficiencias estructurales en su implementación.
Falta de aplicación rigurosa de la Ley 1523
El ente de control instó de manera enfática al Ejecutivo a aplicar con mayor rigor los criterios y alcances establecidos en la Ley 1523 de 2012, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Este sistema, cuya coordinación y apoyo técnico corresponden a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), representa el marco legal fundamental para situaciones de emergencia.
Dado que el Gobierno ha establecido nuevos impuestos con los que se proyecta recaudar hasta $8,68 billones, la Contraloría subrayó la obligación legal de garantizar su recaudo oportuno y su destinación exclusiva para atender las afectaciones ocasionadas por la emergencia invernal en los ocho departamentos contemplados en el Decreto 0150 de 2026.
Preocupaciones sobre la gestión de recursos
El organismo resaltó la necesidad urgente de fortalecer la capacidad operativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los mecanismos de control, particularmente en lo relacionado con:
- El impuesto al patrimonio
- El gravamen a los juegos de suerte y azar operados por internet
La Contraloría advirtió específicamente que el traslado, destinación y uso de estos recursos, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 0241 de 2026, deberá ser coordinado por la UNGRD y sustentado en los Planes de Acción Específica (PAE). Estos planes deben ser diseñados e implementados por esta entidad, los ministerios, las gobernaciones y las alcaldías receptoras, cumpliendo estrictamente los lineamientos de la Ley 1523.
Riesgos en la reorientación de recursos
Frente a la reorientación de recursos ordenada en algunos decretos, la entidad alertó sobre posibles impactos negativos en:
- La financiación de programas en curso
- La ejecución de proyectos existentes
- La continuidad de iniciativas ya establecidas
Por esta razón, instó al Gobierno a realizar estos ajustes con el debido rigor técnico y jurídico, definiendo con absoluta claridad los mecanismos y tiempos para su reembolso a medida que se consolide el recaudo de los nuevos tributos.
Cuestionamientos a capacidades institucionales
En relación con el traslado excepcional de recursos del sector eléctrico a la UNGRD para la recuperación de infraestructura y el restablecimiento del servicio de energía, la Contraloría invitó a revisar esta decisión. El organismo considera que dicha entidad no cuenta con la capacidad técnica ni organizacional para asumir la gestión integral de obras de esta complejidad.
De manera contundente, advirtió que ampliar facultades de contratación, reorientar recursos o crear nuevos impuestos no será suficiente si las entidades ejecutoras, ministerios, Invías y la propia UNGRD no fortalecen de manera sustancial su gestión y su capacidad de ejecutar inversiones de forma ágil y eficiente.
Alertas ambientales y de focalización
En materia ambiental, y en atención a lo dispuesto en el Decreto 0177 de 2026, la Contraloría alertó sobre los riesgos de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen, sin el debido sustento técnico, las reglas de operación de los embalses hidroeléctricos. Esto podría generar:
- Incumplimientos contractuales
- Afectaciones tarifarias
- Pérdida de confianza inversionista en un sector estratégico
Asimismo, hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de focalización, verificación y depuración de la información en la asignación de apoyos extraordinarios previstos en el Decreto 0245 de 2026. El objetivo es evitar errores en la identificación de beneficiarios, duplicidades en las transferencias e inconsistencias en los registros.
Plan de vigilancia y control fiscal
Para estructurar su plan de vigilancia y control fiscal, la Contraloría solicitará al Ministerio de Hacienda, a la UNGRD y a las demás entidades involucradas los soportes que sustenten:
- La necesidad de recaudar hasta $8,68 billones
- Los criterios de distribución de estos recursos entre los distintos sectores
El organismo reiteró que el país aún tiene el reto de aplicar de manera efectiva los mecanismos de prevención y atención de desastres contemplados en la Ley 1523 de 2012, basados en tres pilares fundamentales:
- Conocimiento del riesgo
- Reducción del riesgo
- Manejo de desastres
En este contexto, la Contraloría señaló que continuará ejerciendo vigilancia y control fiscal de forma preventiva y concomitante, con el fin primordial de proteger el patrimonio público y garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a la atención de la emergencia.
