Contraloría advierte graves riesgos en gestión de $8,68 billones por emergencia económica
La Contraloría General de la República emitió una alerta contundente sobre múltiples vulnerabilidades que podrían afectar el recaudo y destino efectivo de $8,68 billones contemplados en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional bajo la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Hallazgos preocupantes en estructuración de medidas
Tras un análisis exhaustivo de 18 medidas adoptadas mediante el Decreto 0150 de 2026, el máximo órgano de control fiscal del país encontró vacíos significativos en tres dimensiones críticas: estructuración, articulación y ejecución de las disposiciones. Estos déficits podrían comprometer no solo la obtención de los recursos, sino también su correcta destinación para atender las afectaciones derivadas de la emergencia invernal.
La Contraloría fue enfática al recordar que "el Gobierno Nacional tiene la obligación legal de garantizar el recaudo adecuado y oportuno de estos recursos y su debida destinación y uso exclusivo", haciendo especial énfasis en la necesidad de aplicar correctamente los criterios establecidos en la Ley 1523 de 2012 durante todo el proceso institucional.
Debilidades operativas en entidades clave
El informe destaca dos áreas de particular preocupación:
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): La Contraloría advirtió sobre la urgente necesidad de fortalecer la capacidad operativa de esta entidad, especialmente en lo relacionado con el recaudo de nuevos tributos como el impuesto al patrimonio y el gravamen a juegos de suerte y azar operados por internet.
- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): El documento señala que esta entidad "no tiene la experticia ni estructura organizacional" para gestionar el diseño, ejecución e interventoría de obras complejas, lo que podría traducirse en retrasos o ineficiencias en la atención de la emergencia.
Exigencias de transparencia y rigor técnico
La Contraloría solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda los soportes técnicos que expliquen tanto la necesidad de recaudar la cifra de $8,68 billones como la metodología utilizada para distribuir estos recursos. Esta solicitud busca garantizar transparencia absoluta en la asignación de fondos públicos.
Además, el ente de control alertó sobre posibles efectos colaterales en la economía nacional, particularmente en relación con la reorientación de recursos que podría impactar la financiación, ejecución y continuidad de programas y proyectos en curso. Por ello, exhortó al Gobierno a que todos estos procesos se desarrollen "con el debido rigor jurídico y técnico", asegurando su sostenibilidad en el tiempo.
Riesgos en sectores estratégicos
El análisis también identificó vulnerabilidades potenciales en el sector energético, advirtiendo que decisiones que modifiquen la operación de embalses sin sustento técnico adecuado podrían derivar en:
- Incumplimientos contractuales significativos
- Impactos tarifarios para los usuarios
- Pérdida de confianza inversionista
- Compromiso del suministro eléctrico
Vigilancia preventiva continua
Finalmente, la Contraloría reiteró que el desafío fundamental no radica únicamente en la creación de nuevos instrumentos fiscales, sino en la capacidad institucional para ejecutarlos de manera eficaz. "De poco sirve ampliar facultades o crear nuevas fuentes de ingresos si las entidades responsables no fortalecen su gestión", señaló el informe.
El organismo anunció que mantendrá una vigilancia preventiva permanente sobre la implementación de estas medidas, con el objetivo de asegurar que los recursos cumplan su propósito final y lleguen efectivamente a las poblaciones afectadas por la emergencia.
