Un Congreso en la mira: la prisión de expresidentes legislativos como símbolo de la crisis
Que Colombia finalice un periodo legislativo con los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, privados de la libertad, no constituye una simple anécdota política ni un dato adicional en las páginas judiciales. Representa una imagen poderosa y vergonzosa de lo que sucede cuando el Congreso abandona su función esencial y se transforma en un espacio carente de controles, límites y consecuencias reales.
La fotografía que debería definir el voto del 8 de marzo
Esa fotografía debería ser suficiente para comprender lo que está en juego este próximo 8 de marzo, porque los congresistas que elijamos serán precisamente quienes tendrán la responsabilidad histórica de:
- Vigilar de manera estricta al próximo gobierno
- Revisar minuciosamente cómo se gasta cada peso de los recursos públicos
- Exigir explicaciones transparentes y oportunas
- Impedir que la corrupción vuelva a instalarse como una práctica tolerada en el corazón mismo del poder estatal
No se trata de un caso aislado ni de una desafortunada coincidencia. Estamos hablando de uno de los escándalos políticos más graves de los últimos años, con numerosos congresistas investigados, redes de corrupción profundamente enquistadas y un sistema de silencios que operó durante demasiado tiempo sin oposición efectiva.
La memoria colectiva frente a la repetición de curules
Hoy, varios de esos nombres vinculados a escándalos buscan repetir curul confiando en el olvido ciudadano y en la fragilidad de la memoria colectiva, actuando como si nada hubiera ocurrido, como si el país no hubiera aprendido lecciones dolorosas de estos procesos.
Elegir bien implica entender fundamentalmente que la sanción política comienza en las urnas y que no todo aquel que desea permanecer en el Congreso merece realmente hacerlo. El Congreso no es un premio personal ni una plataforma para intereses individuales; es un filtro institucional que debe proteger al Estado de los abusos del poder, y cuando ese filtro falla estrepitosamente, el daño se mide en:
- Recursos públicos perdidos o desviados
- Obras de infraestructura inconclusas o mal ejecutadas
- Confianza ciudadana rota de manera casi irreparable
Ejemplos de control político que demuestran que sí es posible
Este mismo periodo legislativo también dejó en evidencia que el control político sí es posible cuando existe carácter y convicción. Congresistas como Katherine Miranda, Jennifer Pedraza y Katherine Juvinao asumieron el costo político de denunciar irregularidades, de realizar seguimiento riguroso a contratos y decisiones del Ejecutivo, de incomodar al poder establecido y de insistir incluso cuando hacerlo significaba enfrentarse a mayorías y maquinarias políticas poderosas.
Estas congresistas demostraron con hechos que el Congreso no está para acompañar gobiernos de manera acrítica, sino para vigilarlos con rigor. En esa misma línea de trabajo serio aparece la figura de Daniel Briceño, cuya labor de veeduría y seguimiento meticuloso a los recursos públicos ha recordado que la vigilancia no puede ser ocasional ni selectiva, porque en un país con corrupción estructural como Colombia, el control debe ser permanente y sin concesiones de ningún tipo.
La diversidad ideológica frente a la línea roja de la corrupción
Colombia llega a estas elecciones legislativas con cientos de candidatos valiosos desde distintos nichos ideológicos, una diversidad que fortalece la democracia siempre y cuando exista una línea clara e inquebrantable frente a la corrupción, porque el pluralismo político no puede servir jamás de excusa para normalizar la mediocridad, el clientelismo o el silencio cómplice ante irregularidades.
Conectando la emergencia invernal con años de corrupción no vigilada
Mientras el país atraviesa una emergencia invernal crítica que ha dejado comunidades enteras esperando ayudas humanitarias que no llegan, obras de mitigación a medio hacer y recursos que simplemente desaparecieron, resulta imposible no conectar esa incapacidad estatal de respuesta con años de corrupción sistémica y de plata pública robada que alguien en el Congreso debió vigilar y frenar oportunamente.
Elegir bien este 8 de marzo no es un gesto simbólico ni una consigna emotiva; es una decisión urgente que define si el próximo Congreso será un contrapeso real o una mera extensión del poder ejecutivo, y el país ya sabe con dolorosa claridad cuánto cuesta equivocarse en esta crucial elección de sus representantes legislativos.
