Polémica servida a pocos días de las elecciones legislativas
En medio de la recta final de la campaña electoral, el Gobierno nacional ha expedido una serie de decretos en el marco de la emergencia económica que han generado intenso debate político. Las medidas, que incluyen un nuevo impuesto al patrimonio empresarial y la posibilidad de contratación sin procesos de licitación pública, llegan justo cuando faltan doce días para las elecciones legislativas del próximo mes.
Impuesto al patrimonio empresarial: la medida más controvertida
El decreto que establece el impuesto al patrimonio empresarial afectará a todas las compañías cuyo patrimonio supere los 10.000 millones de pesos. Sin embargo, los sectores minero-energético y financiero enfrentarán una tasa específica del 1.6%, una carga tributaria que según el Gobierno permitirá recaudar aproximadamente ocho billones de pesos.
Esta cifra coincide curiosamente con el costo estimado para atender la emergencia invernal que afecta a varias regiones del país, lo que ha generado suspicacias entre los candidatos y analistas políticos.
Reacciones de los candidatos al Congreso
Los candidatos al Congreso han expresado su preocupación por el momento y contenido de estas medidas. Daniel Gómez, candidato número 25 al Senado por el Nuevo Liberalismo, advirtió durante su participación en La Mesa Ancha Electoral que "este impuesto al patrimonio realmente castiga la inversión, es anti-inversión y anticrecimiento".
Gómez destacó que la inversión en Colombia se encuentra en niveles históricamente bajos, representando solo el 16% del Producto Interno Bruto, por lo que consideró necesario incentivar la inversión privada en lugar de desestimularla con nuevas cargas tributarias.
Por su parte, Josías Fiesco, candidato a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático (número 108), calificó estas medidas como "el derroche del petrismo" y denunció que a pocos días de las elecciones, el Gobierno estaría utilizando el esfuerzo de los colombianos para cubrir el hueco fiscal.
Sectores económicos más afectados
Los analistas económicos señalan que sectores específicos de la economía colombiana serían los más perjudicados por estas nuevas medidas tributarias:
- Minería: sector que ha registrado una caída del 8.4% en los últimos tres años
- Manufacturas: con una disminución del 4% en su actividad
- Construcción: que ha experimentado un descenso del 8.5%
Julio César Iglesias, analista económico, describió la medida como producto de una narrativa gubernamental donde "las empresas son los enemigos del pueblo". Cuestionó especialmente la pertinencia de castigar sectores estratégicos como el energético, señalando que "Colombia tiene un problema de suministro de gas interno y sale el gobierno en lugar de incentivar la actividad gasífera a mandar una señal negativa a todos los inversionistas del mundo".
Contratación sin licitación: otra medida polémica
El segundo decreto controvertido permite al Gobierno contratar sin procesos de licitación pública, lo que según los críticos pasa por encima de la ley de garantías electorales. Los candidatos denunciaron que esta medida representa "una cancha inclinada a favor de quien tiene la chequera", beneficiando especialmente a sectores afines a la izquierda en plena campaña electoral.
Borrador sobre traslado de fondos de pensiones
Adicionalmente, ha surgido un borrador de decreto que permitiría el traslado de 25 billones de pesos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, afectando potencialmente los ahorros de aproximadamente 118.000 personas.
Según Julio César Iglesias, esta medida significaría "la concreción de la idea detrás de la reforma pensional de confiscar el ahorro de los trabajadores y convertirlo en gasto", generando preocupación entre los afiliados a los fondos privados de pensiones.
Contexto electoral y perspectivas
Con solo doce días restantes para las elecciones legislativas, estas medidas gubernamentales han inyectado un nuevo elemento de controversia en la campaña. Los candidatos de diversos partidos han aprovechado el tema para posicionarse ante los electores, mientras el Gobierno defiende las medidas como necesarias para enfrentar la emergencia económica y atender las consecuencias del invierno.
El debate promete intensificarse en los últimos días de campaña, con los candidatos presionando para que se revisen o modifiquen estos decretos, especialmente aquellos relacionados con la contratación sin licitación que podría afectar la transparencia del proceso electoral.
