Candidatos al Senado analizan beneficios judiciales para bandas en medio de crisis de seguridad
En un momento crítico donde las regiones colombianas enfrentan índices de inseguridad no vistos en años recientes, las cabezas de lista al Senado evaluaron los resultados de la política de paz total y la opción de otorgar beneficios judiciales a bandas criminales a cambio de que cesen sus actividades delictivas. Este debate, organizado por Noticias RCN, Citytv, El Tiempo y La FM, ocurre mientras el país registra serios retrocesos en seguridad, evidenciados por cifras alarmantes de desplazamiento forzado, confinamientos, amenazas a poblaciones y reclutamiento de menores.
La política de paz total en 2026: avances y fragilidades
La política de paz total llega al 2026 con notables dificultades. Los diálogos que han mostrado mayor progreso son aquellos que el Gobierno mantiene con los Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Sin embargo, el proceso con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes se considera frágil, recibiendo numerosas críticas por las acciones criminales de alias Calarcá. Además, las negociaciones con el ELN están suspendidas tras un paro armado, y la situación con el Clan del Golfo, el grupo criminal más grande del país, es crítica.
Posiciones de los candidatos: desde replanteamientos hasta rechazos
Carolina Corcho, candidata por el Pacto Histórico y exministra de Salud, insistió en que debe replantearse la política de paz total. Argumentó que no se pueden instalar mesas de negociación sin mínimos como el no reclutamiento de menores, ceses al fuego, y prohibición de secuestros y asesinatos de líderes sociales. Ante un vacío jurídico, apoyó un proyecto de ley que permita rebajas de penas a cambio de desmontar estructuras criminales y reparar comunidades.
Enrique Gómez, del movimiento Salvación Nacional, fue tajante al afirmar que el país no puede seguir tratando a criminales con indulgencia. Criticó la idea de negociar sin condiciones previas y defendió el uso de la fuerza por parte de las autoridades, según lo establecido por la ley. Subrayó que los beneficios del sometimiento no deben excluir penas drásticas para quienes han delinquido contra el pueblo colombiano.
David Barguil, del Partido Conservador, recordó que existen mecanismos legales actuales para ofrecer beneficios judiciales a cambio de que las estructuras criminales dejen de delinquir. Se opuso a crear legislación a la medida de los delincuentes y advirtió que, mientras persistan factores como cultivos de coca y minería ilegal, estas organizaciones mantendrán su fortaleza económica.
Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, destacó que la paz no debe confundirse con tolerancia y permisividad. Criticó el deterioro del orden público en los últimos años, señalando un aumento en asesinatos de militares y policías, y una pérdida de capacidad de movilidad de la Fuerza Pública.
Carlos Fernando Motoa, de la coalición Cambio Radical y ALMA, habló con dolor sobre la situación en el Valle del Cauca, donde los secuestros aumentaron un 108% entre 2024 y 2025. Acusó al Gobierno de promover una cultura de la ilegalidad y propuso desmontar la paz total, aprobar el porte legal de armas y aumentar recursos para seguridad.
Luis Eduardo Garzón, de la Alianza por Colombia, apoyó una ley de sometimiento para evitar mayor derramamiento de sangre, pero enfatizó la necesidad de definir condiciones claras para negociar. Coincidió en eliminar la política de paz total, aunque abogó por continuar con diálogos que prioricen la paz sobre la violencia.
Andrés Forero, del Centro Democrático, afirmó que el Gobierno ha beneficiado a grupos armados con su política, reflejado en cifras récord de homicidios y secuestros. Criticó la ley de sometimiento como una forma de lavado de activos y exigió que los procesos se realicen dentro del marco legal existente.
Óscar Ortiz, de Oxígeno, descartó los diálogos actuales como una solución, argumentando que ni la paz total ni parcial han traído verdad, justicia o reparación. Propuso fortalecer el respeto a la ley y condenar a los culpables, en lugar de otorgar privilegios a grupos armados.
Juan Sebastián Gómez, de la coalición Ahora Colombia, resumió su postura en "Paz sí, pero no así". Distinguió entre acuerdos y negociaciones, abogando por someter a grupos armados y recuperar control territorial antes de avanzar en procesos de paz, utilizando los mecanismos legales ya disponibles.
Reflexiones finales sobre seguridad y justicia
El debate evidenció profundas divisiones entre los candidatos sobre cómo abordar la crisis de seguridad. Mientras algunos abogan por flexibilizar beneficios judiciales para desactivar conflictos, otros insisten en aplicar la ley con firmeza y priorizar el control territorial. En un contexto donde el 70% de los municipios reportan presencia de grupos criminales, según la Defensoría del Pueblo, las propuestas varían desde reformas legislativas hasta un aumento en el uso de la fuerza, reflejando la complejidad de lograr una paz sostenible en Colombia.
