Andrei Roman, CEO de Atlas Intel, defendió la metodología digital de las encuestas y criticó la rigidez de la ley electoral colombiana, asegurando que no existe una legislación similar en ningún otro país del mundo. En entrevista con María Isabel Rueda para EL TIEMPO, Roman cuestionó las restricciones y exigencias impuestas por la Ley 2494 de 2025, que llevó a la firma GAD3 a retirarse del mercado colombiano.
Críticas a la legislación colombiana
Roman afirmó que la ley no ha logrado su propósito de mejorar la calidad de las encuestas, ya que persisten errores significativos, como los ocurridos en las consultas de este año. Además, señaló que la norma otorga un margen de actuación demasiado amplio a la comisión técnica de encuestas del Consejo Nacional Electoral, lo que podría afectar la libre competencia entre las firmas encuestadoras.
Inconstitucionalidad y censura
El directivo también expresó que algunos apartes de la ley podrían ser inconstitucionales, especialmente las restricciones sobre la publicación de encuestas en términos de cronograma, que calificó como una forma de censura. No obstante, aclaró que mientras la Corte Constitucional no se pronuncie, la ley debe respetarse.
Defensa de las encuestas digitales
Roman defendió las encuestas digitales y los sondeos no probabilísticos, señalando que la interpretación de la comisión técnica sobre este tema es errónea. Sostuvo que las encuestas presenciales no son las únicas que pueden considerarse probabilísticas, y calificó de absurdo que se descarten metodologías utilizadas en Europa y Estados Unidos.
Trayectoria y competencia
El CEO de Atlas Intel destacó la trayectoria de su empresa, que ha sido la encuestadora más precisa en dos ciclos electorales consecutivos en Estados Unidos. Afirmó que la competencia entre firmas es el mejor mecanismo para medir la calidad, y que las empresas con malos resultados deben ser penalizadas por la opinión pública y sus contratantes, no por una comisión electoral.
Finalmente, Roman reiteró que la legislación colombiana es única en el mundo, y que no ve necesaria la intervención de un consejo electoral para garantizar la calidad de las encuestas.
