Ana Bolena Rodríguez, socióloga y directora de la Fundación Asesorarte, escuchó un testimonio que la marcó mientras investigaba la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres negras con discapacidad en Buenaventura: “A mí ya no me gusta ir al médico porque cada vez que voy, el médico ni siquiera me mira. Habla con la persona que va conmigo”. Este relato no fue el único que evidenció una realidad alarmante. También halló mujeres que desconocían qué método anticonceptivo usaban, casos de esterilización forzada, familias que deciden sobre su sexualidad y adultas tratadas como “niñas”.
Preguntas sin respuesta
“¿A quién le importa la vida de las mujeres negras con discapacidad? ¿Le importa a la familia, a la sociedad o al Estado?”, se pregunta Rodríguez. La ausencia de respuestas contundentes dio origen a Cuerpos que luchan, investigación de Fundación Asesorarte e Ilex Acción Jurídica. El estudio documenta cómo el racismo, machismo, discapacidad, conflicto armado y abandono institucional condicionan decisiones íntimas como acceder a anticonceptivos, ir al médico o decidir sobre la maternidad.
Datos inexistentes
Entre septiembre y diciembre de 2024, las investigadoras solicitaron información a instituciones de salud en Buenaventura sobre protocolos para mujeres con discapacidad y rutas de derechos sexuales y reproductivos. Solo Profamilia respondió. Este hallazgo revela un problema central: las mujeres negras con discapacidad son invisibles en estadísticas, bases de datos y estudios. Según Audrey Mena, directora de Ilex Acción Jurídica, los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) y la Comisión Intersectorial de Salud Pública (CISP) “no recopilan datos desagregados ni permiten identificar esta realidad intersectorial”.
La autonomía comienza con la información. El informe señala dos aspectos: la institucionalidad no produce datos sobre esta población, lo que dificulta diseñar políticas, y las mujeres no acceden a información en formatos accesibles. Una mujer sorda sin intérprete de lengua de señas, una con discapacidad visual sin braille o una con discapacidad intelectual ante tecnicismos parten en desventaja.
Trabajo de campo revelador
Ante la falta de datos, las investigadoras realizaron 26 encuestas, 20 entrevistas y trabajo en corregimientos como Cisneros y Bajo Calima, y barrios como La Inmaculada, María Eugenia y Antonio Nariño. Descubrieron que “el 46 % de las mujeres encuestadas nunca había recibido información sobre salud sexual y reproductiva en formatos accesibles”, afirma Mena.
Colombia cuenta con un marco normativo sólido, como la sentencia C-355 de 2006 que despenalizó el aborto bajo tres causales y la C-055 de 2022 que lo despenalizó hasta la semana 24. Sin embargo, para las mujeres negras con discapacidad, estos avances son letra muerta. “El problema no es solo jurídico, sino quién recibe la información, cómo y si puede usarla”, agrega Mena.
Ana Bolena Rodríguez coincide y destaca que también hay normas sobre capacidad de toma de decisiones con apoyo para personas con discapacidad. “El tema es que falta pedagogía en la sociedad”, dice.
Barreras físicas y sociales
Las dificultades van más allá de la información. La infraestructura sanitaria de Buenaventura es inaccesible: camillas sin adaptación, falta de rampas y espacios diseñados para un “usuario universal”. Tampoco hay intérpretes de lengua de señas, lo que afecta especialmente a mujeres sordas en casos de violencia sexual. “La infraestructura sanitaria evidenció una insensibilidad sistemática”, sostiene Mena.
En zonas rurales, los servicios especializados están en ciudades, los traslados son costosos y las EPS no los cubren, lo que obliga a aplazar citas. “Muchas personas sin discapacidad ya tienen dificultades; para quienes tienen discapacidad es aún más complejo”, dice Rodríguez.
Violencia sexual y esterilización forzada
En territorios con actores armados, algunas familias deciden la esterilización de sus hijas por miedo a la violencia sexual. “Prefieren esterilizarlas porque los contextos son difíciles”, señala Rodríguez. Estas decisiones reducen las alternativas disponibles, pero las investigadoras advierten que reconocer las condiciones no justifica que otros decidan sobre sus cuerpos.
Infantilización: “son eternas niñas”
La infantilización es otro hallazgo clave. Profesionales de la salud y familias perciben a estas mujeres como incapaces de decidir sobre su sexualidad. En talleres, los acompañantes respondían por ellas. “La infantilización opera en todos los niveles: la familia decide sin consultar, el médico habla al acompañante. También enfrentan hipersexualización, que las reduce a objetos de deseo y las expone a violencia sexual”, explica Mena.
Las mujeres usaban anticonceptivos sin entender el procedimiento o desconocían qué método tenían. Frases como “es una niña, es una bebé” o “si Dios lo permitió, ¿quiénes somos para impedirlo?” muestran cómo la infantilización se cruza con creencias religiosas y tabúes sexuales en el Pacífico colombiano. “Se asume que no tendrán relaciones ni serán madres, por eso la información nunca llega”, dice Mena.
Ana Bolena Rodríguez insiste en las preguntas iniciales: quién las escucha cuando intentan ejercer sus derechos. Las respuestas son insuficientes, por lo que el informe busca ser un punto de partida para cerrar vacíos y un llamado a la institucionalidad.
