Nueva regulación de agua en Colombia: ¿Promesas de tarifas bajas versus realidad técnica del sector?
Existen decisiones regulatorias que pueden parecer completamente razonables cuando se presentan en comunicados oficiales, pero que pierden toda lógica cuando se contrastan con la realidad técnica y operativa del sector que pretenden regular. Este es precisamente el caso del nuevo marco tarifario para acueducto y alcantarillado publicado recientemente por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia.
La promesa regulatoria y sus contradicciones técnicas
La regulación anuncia públicamente una reducción en las tarifas para los usuarios del servicio de agua. A primera vista, este objetivo parece indiscutible, pues el acceso al agua potable y al saneamiento básico debe ser eficiente, universal y financieramente sostenible para toda la población colombiana.
Sin embargo, el problema fundamental aparece cuando esa promesa de tarifas más bajas viene acompañada de nuevas obligaciones operativas, mayores exigencias técnicas y estándares de calidad que implican inversiones significativas y sostenidas para los prestadores del servicio. En el sector de agua potable, los resultados no se logran simplemente con decretos o regulaciones escritas.
Los avances reales en este sector crítico se consiguen con infraestructura tangible: con redes de distribución modernas, con estaciones de bombeo eficientes, con plantas de tratamiento adecuadas y con programas de reposición que requieren años de diseño, financiación y ejecución meticulosa.
El desafío del índice de pérdidas: entre el ideal y lo posible
Un ejemplo concreto de esta contradicción regulatoria es el índice de pérdidas. Reducir el Índice de Pérdidas por Usuario Facturado es, sin duda alguna, un objetivo deseable y necesario para cualquier sistema de agua eficiente. Cada metro cúbico que se pierde en las redes representa ineficiencia operativa y presión innecesaria sobre las fuentes hídricas del país.
Pero la reducción efectiva de estas pérdidas requiere inversiones sostenidas y planificadas en múltiples frentes:
- Sectorización hidráulica avanzada
- Reposición completa de redes envejecidas
- Sistemas de micromedición precisos
- Tecnología de punta para monitoreo
- Gestión operativa especializada
Estas mejoras no ocurren por arte de magia, ni se materializan automáticamente con la publicación de un decreto regulatorio. En Colombia, muchas de estas inversiones cruciales se estructuran dentro de los Planes de Obras e Inversiones Regulados, instrumentos que tienen horizontes de ejecución que se extienden hasta diez años.
Pretender imponer nuevas metas de reducción de pérdidas con plazos ajustados, como a partir de julio de 2026, desconoce no solo la planeación financiera de los prestadores, sino también la naturaleza misma de las obras de acueducto y alcantarillado, que requieren tiempo, estudios y recursos considerables.
La necesidad de planificación realista y articulación sectorial
Quienes han trabajado directamente en la estructuración de proyectos de agua en Colombia conocen profundamente que cada decisión técnica tiene implicaciones financieras, jurídicas, organizacionales y territoriales complejas. Precisamente por esta razón, desde la Agenda Estratégica del Agua se ha insistido en algo fundamental: los problemas del sector hídrico deben abordarse con planificación de largo plazo, con metas realistas alcanzables y con articulación efectiva entre todos los actores involucrados.
El país necesita mejorar urgentemente la eficiencia de sus sistemas de acueducto. Necesita reducir pérdidas significativamente, ampliar cobertura a zonas desatendidas y fortalecer la gestión ambiental del servicio de agua. Pero estos objetivos solo se logran con inversiones escalonadas bien planificadas y con reglas regulatorias coherentes, sostenibles y conectadas con la realidad operativa del sector.
Cuando la regulación pierde conexión con la realidad operativa del sector del agua, el riesgo no es solo generar incertidumbre entre los actores. El riesgo real es frenar la inversión necesaria y debilitar la sostenibilidad misma del servicio a largo plazo.
No resulta justo ni efectivo que en Colombia se obligue a los prestadores a cumplir objetivos imposibles técnicamente, especialmente cuando se hace en nombre de los usuarios menos favorecidos. El sector del agua requiere liderazgo sensato y consciente de la importancia estratégica de las empresas prestadoras para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos colombianos.
