Taxistas enfrentan duras sanciones por negarse injustificadamente a transportar pasajeros
Los conductores de vehículos de servicio público en Colombia que se nieguen a transportar pasajeros sin una causa justificada podrían enfrentar multas económicas significativas establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Esta regulación busca proteger el derecho de los usuarios al transporte y eliminar prácticas discriminatorias en el servicio.
La normativa que sanciona el "por allá no voy"
El artículo 131, literal E2, del Código Nacional de Tránsito establece claramente que quienes presten servicio público de transporte y se rehúsen a aceptar una carrera sin motivo válido están sujetos a sanción. Esta disposición aplica especialmente cuando el rechazo puede provocar alteraciones del orden público o afectar significativamente a los usuarios.
La negativa a prestar servicio en determinadas rutas, comúnmente expresada con frases como "por allá no voy", está considerada como una infracción que vulnera los derechos de los pasajeros. Según la normativa, tanto conductores como propietarios de taxis, buses y busetas pueden ser multados por este tipo de comportamientos.
Monto de las sanciones y alcance de la regulación
El valor de la multa equivale a 45 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que en 2026 representa aproximadamente 2.626.380 pesos colombianos. Esta cifra considerable busca disuadir efectivamente las prácticas de rechazo injustificado que históricamente han generado quejas entre los usuarios del transporte público.
Especialistas en movilidad urbana han destacado que esta regulación se enmarca en el principio de garantizar el acceso al servicio de transporte público en igualdad de condiciones. Los vehículos de servicio público cumplen una función social fundamental y, por tanto, tienen la obligación de atender la demanda de movilidad sin imponer condiciones arbitrarias a los usuarios.
Otras infracciones contempladas en el Código
Además de la negativa injustificada de servicio, el Código Nacional de Tránsito contempla otras infracciones relacionadas con el mal servicio:
- Alteración del taxímetro o manipulación de los sistemas de cobro
- Mal estacionamiento que afecte la circulación o seguridad
- Incumplimiento de horarios establecidos en rutas programadas
- Falta de mantenimiento adecuado de los vehículos
Cada una de estas infracciones conlleva diferentes multas según su gravedad y el impacto generado en el servicio público.
Actualización de tarifas del servicio de taxi en Bogotá
Paralelamente a estas sanciones, la Secretaría de Movilidad informó que desde el 12 de febrero de 2026 entró en vigencia el Decreto Distrital 042 de 2026, mediante el cual se actualizaron las tarifas del servicio público individual en taxi en la capital.
La decisión se adoptó con base en un estudio técnico realizado durante 2025 que consideró variables como:
- Comportamiento macroeconómico nacional e internacional
- Resultados de encuestas de mercado y percepción de usuarios
- Variaciones en el salario mínimo legal vigente
- Costos operativos del servicio de transporte
Nueva estructura tarifaria para 2026
De acuerdo con la reglamentación actualizada, el cobro mediante taxímetro fija el valor de la unidad cada 100 metros en 159 pesos, o 172 pesos cuando aplica el factor de excelencia operacional. El banderazo o arranque quedó establecido en 4.500 pesos (4.800 con factor), mientras que la carrera mínima es de 8.000 pesos (8.600 con factor).
El tiempo de espera se liquida a razón de 159 pesos por cada 24 segundos, o 172 pesos en los casos en que se active el recargo diferencial. Además, se establecieron recargos específicos para diferentes situaciones:
- Servicio hacia y desde el Aeropuerto o Puente Aéreo: 8.000 pesos adicionales (8.600 con factor)
- Recargo nocturno, dominical y festivo: 3.800 pesos (4.100 con factor)
- Servicio puerta a puerta: 1.400 pesos adicionales (1.500 con factor)
Las autoridades señalaron que las tablas técnicas oficiales consignan las condiciones completas para la liquidación del servicio, tanto mediante taxímetro como a través de plataformas tecnológicas, garantizando transparencia en todos los procesos de cobro.
