Motos eléctricas en Colombia: 9 de cada 10 circulan sin registro oficial en el Runt
El mercado de las motos eléctricas en Colombia enfrenta una grave crisis de informalidad que pone en riesgo la seguridad vial y la competencia justa en el sector. De cada 10 motos eléctricas que ingresan al mercado nacional, nueve no se registran en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), según revelan datos de la Cámara de la Industria de las Motocicletas de la Andi.
Un problema que alcanza el 98% de informalidad
Iván García, director de la Cámara de la Industria de las Motocicletas de la Andi, advierte que "98% de las motos eléctricas no tienen registro en el Runt", lo que significa que la inmensa mayoría de estos vehículos circulan sin cumplir con los requisitos básicos de formalidad. Esta situación contrasta dramáticamente con las cifras de importación reportadas por la Dian, que muestran un crecimiento exponencial en la entrada de vehículos eléctricos de dos ruedas.
La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) estima que existen aproximadamente 167.000 motos eléctricas importadas que actualmente transitan por las vías colombianas, muchas de ellas utilizando incluso las ciclorutas sin portar placas de identificación.
La Ley 2486 de 2025 y sus vacíos regulatorios
Desde julio de 2025, cuando se expidió la Ley 2486, el sector enfrenta un desafío particular: la falta de regulación clara para las unidades que ingresan al mercado colombiano. Esta ley creó la categoría de Vehículos Eléctricos Livianos de Movilidad Personal Urbana (Velmpu), pero dejó otras tipologías en proceso de reglamentación.
Andrés Ricardo Aristizábal, presidente de Auteco Mobility, empresa que maneja marcas como Starker y Super Soco, explica que la ley "reconfigura el mercado y vuelca a los usuarios hacia vehículos que no se tienen que matricular". Esta situación genera múltiples problemas:
- No hay medición real del impacto de las ventas
- Falta de claridad en las reglas de juego para los participantes del mercado
- Ausencia de competencia justa en el sector
- Debilitamiento de la economía formal
Consecuencias de la falta de regulación
La actual situación permite que una parte significativa de los vehículos eléctricos de dos ruedas se comercialice sin estar sujeta a obligaciones fundamentales:
- Exigencias claras de importación: muchos vehículos ingresan sin cumplir estándares técnicos
- Homologación y reglamentos técnicos: ausencia de certificaciones de seguridad
- Registro en el Runt: el 90% de las motos eléctricas carecen de identificación oficial
- Seguros obligatorios: circulación sin protección ante accidentes
- Garantías legales: los consumidores quedan desprotegidos
- Estándares de seguridad: falta de controles mínimos de calidad
El panorama comercial: marcas y ventas
Según el informe interactivo de Andemos, Starker lideró las ventas de motos eléctricas durante 2025 con aproximadamente 2.000 unidades comercializadas, representando un crecimiento de doble dígito. Esta marca es distribuida por Auteco Mobility en Colombia.
El ranking de las marcas más vendidas en 2025 se completa con:
- Brenson: 199 unidades
- Super Soco: 150 unidades
- NIU: 99 unidades
- Gogoro: 77 unidades
A pesar de estas cifras, el total de ventas registradas de motos eléctricas en 2025 fue de 1.353 unidades, lo que representa una reducción del 35,42% frente a 2024. Esta disminución contrasta con el crecimiento exponencial de las importaciones reportadas por la Dian.
Nuevos actores y perspectivas futuras
TVS ingresó recientemente al mercado colombiano con su modelo iQube, lanzado a finales de 2025. Lucas Madrid, gerente de desarrollo de negocios de EV's de la compañía para Latinoamérica, reveló que las primeras ventas se materializaron en 2026 y que ya cuentan con una participación del 11% dentro del mercado de motos eléctricas.
Aristizábal destaca las ventajas del mercado de movilidad eléctrica, especialmente en cuanto al "costo por kilómetro, ya que cargar una unidad de 0-100% de dos ruedas puede costar entre $1.500 y $2.500 según el estrato socioeconómico".
Sin embargo, el principal reto sigue siendo la institucionalidad y el rol del Estado en proporcionar claridad en las reglas de juego. La formalización y legalidad de la industria se hacen esenciales para garantizar una competencia justa, fortalecer la economía y promover la sostenibilidad de este sector productivo en crecimiento.
