Alerta máxima en sector transportador por acuerdo con Ecuador
La tensión se ha intensificado considerablemente en el sector del transporte de carga colombiano. La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) ha declarado formalmente un estado de alerta máxima tras conocer una circular oficial emitida por la Cancillería de Ecuador que establece que los vehículos de carga de ese país podrán transitar libremente por territorio colombiano, eliminando la necesidad de trasbordo en la frontera.
Decisión gubernamental sin consulta previa
El anuncio del gremio camionero se produjo después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador divulgara un boletín confirmando que Colombia aceptó permitir el ingreso directo de camiones ecuatorianos bajo el principio de reciprocidad. Para la ACC, esta determinación no solo resulta inconveniente, sino que podría generar consecuencias graves para el transporte nacional.
Desde la organización transportadora calificaron el acuerdo como "equivocado y altamente perjudicial", argumentando que experiencias pasadas con tránsito directo de vehículos extranjeros han demostrado ser negativas tanto para los transportadores colombianos como para el control estatal en las zonas fronterizas.
Preocupaciones sobre seguridad y economía
Según la asociación, medidas similares en el pasado han facilitado diversas actividades ilícitas:
- Contrabando de combustibles y medicamentos
- Tráfico de sustancias narcóticas
- Trata de personas
- Debilitamiento del control fronterizo
La ACC cuestionó severamente que el Gobierno colombiano habría aceptado este compromiso sin realizar consulta previa al sector, a pesar de la existencia de mesas de trabajo establecidas tras el último paro camionero para discutir asuntos estructurales del transporte de carga.
Ruptura de acuerdos y confianza
En comunicado oficial, el gremio señaló que esta decisión representa un incumplimiento claro de los acuerdos previamente firmados y una ruptura significativa de la confianza entre el Estado y los transportadores. Según la ACC, el tema nunca fue presentado para discusión por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dentro de los espacios de diálogo existentes, generando profunda molestia entre los camioneros.
"Se pactó que estos asuntos serían discutidos con el sector, y eso no ocurrió", insistieron representantes de la asociación, destacando la falta de transparencia en el proceso.
Posible convocatoria a paro nacional
Aunque el tono del comunicado fue contundente, la ACC dejó claro que aún mantiene su apuesta por el diálogo constructivo. Sin embargo, advirtieron explícitamente que, si el Gobierno no corrige el rumbo tomado, no descartan convocar una inmovilización a nivel nacional.
"Estamos dispuestos a defender nuestro trabajo y la soberanía del transporte colombiano", señaló el gremio, que considera que la medida beneficiaría principalmente a intereses particulares en detrimento de miles de transportadores nacionales.
Contexto fronterizo complejo
Este nuevo conflicto se suma al ambiente de inconformidad que ya se vive en la frontera colombo-ecuatoriana. El pasado martes 3 de febrero, transportadores y comerciantes de ambos países protagonizaron protestas significativas en el puente internacional de Rumichaca, único paso terrestre habilitado entre las dos naciones.
Las manifestaciones estuvieron motivadas por los aranceles del 30% impuestos a varios productos, medida que, según los gremios locales, ha impactado severamente la economía fronteriza. Cifras citadas por asociaciones del sector indican que el comercio formal en la zona habría disminuido hasta en un 99%, incluso antes de los bloqueos recientes.
Impacto económico cuantificado
Edison Mena, presidente de la ACC en Ipiales, aseguró que la combinación de aranceles elevados y restricciones comerciales genera pérdidas cercanas a 570 millones de dólares anuales para el transporte colombiano. Además, recordó que el gremio representa más de una cuarta parte de las exportaciones de Colombia hacia Ecuador.
Desde el lado ecuatoriano, los empresarios también han expresado preocupaciones considerables. Exportadores estiman pérdidas anuales superiores a 270 millones de dólares, mientras que la Cámara de Comercio de Tulcán advirtió que el conflicto afecta actividades económicas clave como el almacenamiento, las agencias de aduana y el transporte internacional, pilares fundamentales de la economía en la provincia de Carchi.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Transporte ni la Cancillería de Colombia se han pronunciado oficialmente frente a las advertencias y demandas planteadas por la Asociación Colombiana de Camioneros, manteniendo la incertidumbre sobre el desarrollo futuro de este conflicto que amenaza con escalar.
