Operativo contra el hurto de energía en el corazón comercial de Barranquilla
Con un equipo técnico especializado, la empresa Air-e ejecutó una intervención en el sector del Paseo Bolívar, una de las zonas comerciales más concurridas del centro de Barranquilla. El objetivo principal fue identificar y eliminar conexiones clandestinas a la red eléctrica que, según la compañía, representan graves riesgos tanto para la prestación del servicio como para la seguridad pública de los ciudadanos.
36 instalaciones irregulares vinculadas al comercio informal
Durante el operativo, los técnicos descubrieron 36 instalaciones eléctricas irregulares que estaban directamente asociadas a pequeños negocios informales. Entre estos se encontraban puestos de venta de jugos, gaseosas, ropa, bebidas alcohólicas, comida rápida y servicios como peluquería, además de un local dedicado a la confección de prendas.
La intervención se concentró específicamente en la carrera 40, entre calles 35 y 38, y en la calle 36 entre carreras 41 y 43. En estos sectores, los especialistas procedieron a desmontar numerosos cables que estaban conectados ilegalmente a la infraestructura eléctrica para obtener energía sin pagar por el servicio.
Impacto económico y afectación a comercios formales
Según las cifras oficiales de Air-e, aproximadamente el 29,4% de la energía distribuida se pierde o es desviada mediante hurto y conexiones clandestinas. La empresa destacó que muchas de estas instalaciones ilegales afectan directamente a los locales comerciales formales, ya que alteran sus mediciones de consumo eléctrico y generan distorsiones en el sistema.
"Hacemos un llamado a la comunidad a usar la energía de forma segura, eficiente y responsable. Entre todos protegemos este servicio y, sobre todo, nuestra vida y la de quienes nos rodean", manifestó Air-e a través de sus redes sociales.
Contexto financiero y alcance territorial de la compañía
Es importante recordar que Air-e se encuentra actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde septiembre de 2024, debido a deudas que superan los dos billones de pesos colombianos. La empresa es responsable del suministro eléctrico para aproximadamente 1,3 millones de usuarios en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Las pérdidas económicas asociadas a la práctica del hurto de energía superan los COP 1.600 millones diarios, una cifra que refleja la magnitud del problema y su impacto en la sostenibilidad del servicio eléctrico en la región Caribe colombiana.
