La incertidumbre jurídica sobre la reforma pensional en Colombia volvió a ser el centro del debate. Nuevos pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han frenado iniciativas clave del gobierno de Gustavo Petro. Expertos coinciden en que la falta de definiciones mantiene en suspenso la aplicación de la Ley 2381 de 2024, fundamental para transformar el sistema.
Conversatorio sobre protección a la vejez
Durante el conversatorio ‘Mapa de la protección a la vejez’, en la Semana de la Seguridad Social 2026, representantes del Gobierno, gremios y organismos internacionales insistieron en la necesidad de que la Corte defina el futuro de la reforma. Las decisiones judiciales recientes han generado un ambiente de incertidumbre que impacta a ciudadanos e instituciones.
Decisiones que frenan la reforma
La suspensión de la Ley 2381 por parte de la Corte Constitucional ha impedido su implementación total. Aunque la norma sigue vigente, su aplicación parcial genera una “ambivalencia jurídica” con disposiciones activas y otras en pausa. El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, advirtió que esta situación afecta la confianza en el sistema: “Al país le hace bien que se defina esta ambivalencia”.
Impacto en Colpensiones y fondos privados
Desde Colpensiones, Juan Carlos Hernández, vicepresidente de Operaciones, explicó que la suspensión derivó en medidas como el Decreto 0415 de 2026, que reglamenta el traslado de recursos del régimen privado al público. “No es posible que una persona se traslade sin sus recursos”, afirmó, destacando los impactos sociales, económicos y operativos. El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, urgió a la Corte a decidir: “La incertidumbre es muy costosa para la sociedad”.
Efectos en colombianos en el exterior
La demora en los pronunciamientos también afecta a colombianos fuera del país. Gustavo Rivero, director del Centro Regional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, señaló que ciudadanos en España, Chile o Uruguay tienen dudas sobre el sistema con la nueva ley. “La Corte se ha tardado dos años para definir si la Ley 2381 es constitucional”, indicó, afectando la planeación y seguridad jurídica.
El llamado generalizado es a que las altas cortes tomen decisiones de fondo para destrabar las reformas estructurales. Mientras tanto, el sistema pensional opera en una transición incompleta, marcada por tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial.
