La Procuraduría General de la Nación ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General tras la difusión de videos que muestran a niños y adolescentes de la comunidad indígena Emberá Katío siendo utilizados como escudos humanos durante protestas. Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, han generado un fuerte rechazo por parte de diversas entidades y sectores de la sociedad, que consideran estos actos como una grave violación de los derechos de la infancia.
Denuncia formal por instrumentalización de menores
El procurador general, Gregorio Eljach, radicó personalmente la denuncia, buscando que se investigue a los responsables de la instrumentalización de los menores. La delegada para la Infancia y la Adolescencia, María Fernanda Rangel, explicó que la denuncia se sustenta en la evidencia visual, donde se observa claramente la participación de niños en el marco de las protestas. "El señor procurador general, teniendo en cuenta la evidencia, los videos que circularon en red donde claramente hay una instrumentalización de menores de edad en el marco de la protesta. Esto es indignante", afirmó Rangel.
Rechazo desde el Ministerio Público
La funcionaria expresó el absoluto rechazo del Ministerio Público ante estas conductas, recordando que están tipificadas en el Código Penal colombiano. "Desde el Ministerio Público manifestamos nuestro rechazo toda vez que en el Código Penal está tipificado este tipo de conductas", señaló. Asimismo, destacó que el Código de Infancia y Adolescencia establece una protección reforzada para los derechos de niñas, niños y adolescentes, prohibiendo cualquier forma de utilización instrumental.
Violación de derechos fundamentales
Desde la perspectiva del derecho internacional, Rangel aseguró que estas acciones constituyen una agresión directa contra la vida y la integridad de los menores. "Es una violencia rotunda contra su vida e integridad. Eso lo establecen los tratados internacionales, nacionales y también nuestra legislación interna", afirmó. La delegada fue enfática: "La instrumentalización, utilizarlos como escudos humanos, es totalmente una violación de los derechos de esas niñas, niños y adolescentes".
Menores expuestos durante 15 días
La preocupación de las autoridades va más allá del momento de las protestas. Según Rangel, los menores llevan aproximadamente 15 días participando en las manifestaciones, expuestos a múltiples peligros en asentamientos improvisados en la calle. Esto ha impedido que entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realicen verificaciones sobre su estado de salud y condiciones de protección. "No se ha podido hacer un tamizaje de esos niños. No se ha podido verificar sus derechos por parte del ICBF", indicó.
Riesgos para la salud de los menores
La Procuraduría advirtió que los menores estarían expuestos a desnutrición, enfermedades asociadas a la falta de alimentación adecuada y también a enfermedades respiratorias derivadas de las condiciones en las que permanecen. "Están expuestos a desnutrición, a enfermedades asociadas a la desnutrición, pero también a enfermedades con riesgos respiratorios", detalló Rangel.
Prevalencia de la legislación penal ordinaria
Frente a la discusión sobre la jurisdicción aplicable y la autonomía de las comunidades indígenas, Rangel fue clara: "Prima la legislación penal, porque aquí, como lo dije anteriormente, están por encima los derechos de niñas y niños sobre el principio de autonomía en las comunidades indígenas". Por ello, el procurador Gregorio Eljach decidió instaurar formalmente la denuncia penal y poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Investigación en curso
El objetivo de la denuncia es que se adelanten investigaciones efectivas, se determinen responsabilidades y se restablezcan de manera urgente los derechos de los menores afectados. Ahora será la Fiscalía la encargada de definir si existen méritos suficientes para imputar a las personas que habrían instrumentalizado a los niños dentro de estas protestas.
