Contraloría advierte riesgo fiscal e inviabilidad jurídica en traslado exprés de ahorro pensional
Contraloría alerta sobre riesgo en traslado de ahorro pensional

Contraloría advierte riesgo fiscal e inviabilidad jurídica en traslado exprés de ahorro pensional

La Contraloría General de la República ha emitido una alerta contundente sobre el proyecto de decreto del Gobierno Nacional que busca trasladar de manera inmediata más de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. Según el informe de la entidad fiscalizadora, esta iniciativa presenta graves riesgos fiscales y resulta jurídicamente inviable según la normativa vigente.

Inconsistencia con la reforma pensional

El documento de la Contraloría señala que el decreto propuesto por el presidente Gustavo Petro contradice abiertamente la reforma pensional promovida por su propio gobierno. En particular, el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 establece claramente que los ahorros individuales de quienes utilizaron la ventana de oportunidad para cambiar de régimen deben permanecer administrados por las AFP hasta que se consolide la pensión.

"No resultaría jurídicamente viable ordenar el traslado de la totalidad de los recursos correspondientes a las 119.496 personas trasladadas, dado que la mayoría de ellas aún no ha adquirido el derecho de pensión", advierte la Contraloría en su informe.

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Riesgos fiscales y patrimoniales

La entidad dirigida por Carlos Hernán Rodríguez identifica múltiples peligros asociados a esta medida:

  • Conversión de ahorro en gasto corriente: Los recursos pensionales podrían terminar financiando operaciones diarias del Estado en lugar de garantizar pensiones dignas.
  • Incremento del pasivo pensional: El traslado exprés generaría mayores obligaciones fiscales para el Estado colombiano.
  • Detrimento patrimonial: La liquidación forzosa de inversiones en solo 15 días causaría pérdidas significativas.

Responsabilidad de funcionarios

Uno de los aspectos más graves señalados por la Contraloría es la posible responsabilidad fiscal que recaería sobre los funcionarios que viabilicen una actuación considerada no solo ilegal, sino potencialmente dañina para las finanzas nacionales. David Fernández, contralor delegado para el Sector Trabajo, explicó que la medida podría generar "una pérdida gigantesca de recursos" debido a la cancelación anticipada de contratos de inversión.

Detalles técnicos del informe

El análisis técnico de la Contraloría revela problemas específicos:

  1. Falta de mecanismo institucional: No existe el "Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo" previsto en la reforma para recibir los recursos.
  2. Pérdida de rentabilidad: Los fondos privados obtienen mejores tasas de interés en el exterior (aproximadamente 4% más).
  3. Indemnizaciones por cancelación: El Estado debería asumir costos por terminar contratos de inversión anticipadamente.

Fernández destacó que "el ahorro pensional es un recurso parafiscal, lo que equivale a un recurso público resguardado por la Constitución", enfatizando que ninguna disposición del Ejecutivo debe disminuir la rentabilidad actual de estos aportes.

Contexto y reacciones

En plena época electoral, el Gobierno insiste en avanzar con esta iniciativa a pesar de las advertencias de múltiples sectores, incluyendo un concepto del Banco de la República que también considera el decreto contrario a la normatividad vigente. El borrador del decreto, actualmente abierto para comentarios, ha recibido críticas mayoritarias por considerarse inconstitucional y jurídicamente inviable.

Varios sectores ya preparan demandas contra la medida, mientras la reforma pensional continúa su discusión en la Corte Constitucional. La Contraloría concluye que implementar este traslado exprés impondría "duras cargas fiscales a las generaciones futuras" y crearía un precedente peligroso similar al de otros países que gastaron indebidamente el ahorro de jubilaciones.

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