Gobierno y banqueros enfrentan crisis climática con debate económico multifacético
La emergencia climática que azota a Colombia ha desencadenado un intenso debate económico entre el Gobierno nacional y el sistema financiero, donde convergen decisiones tributarias, medidas de alivio crediticio y profundas discusiones sobre el papel de los bancos en la política económica del país. Durante esta semana, se han multiplicado las reuniones entre funcionarios de la Casa de Nariño y representantes de las principales entidades bancarias.
Impacto devastador de la ola invernal
El punto de partida de este diálogo es el decreto de emergencia emitido tras los eventos climáticos extremos registrados en múltiples regiones del territorio nacional. Según cifras oficiales, el Gobierno ha contabilizado 65 emergencias, principalmente inundaciones y movimientos en masa, que han afectado a más de 69.000 familias y aproximadamente 252.000 personas. Los daños incluyen viviendas destruidas, infraestructura vial severamente afectada y pérdidas productivas significativas, con un costo preliminar de recuperación estimado en cerca de 8 billones de pesos.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó durante el consejo de ministros realizado en Cartagena que el diálogo con los banqueros se ha convertido en un escenario clave para definir cómo distintos sectores contribuirán a la atención de esta crisis sin precedentes.
Nuevo esquema tributario con foco empresarial
En este contexto fiscal complejo, el Ejecutivo ha reiterado que avanza en un nuevo esquema tributario tras la imposibilidad de repetir las medidas que se impusieron en la emergencia económica anterior, suspendida por la Corte Constitucional. Ávila detalló que, aunque inicialmente se buscaba gravar patrimonios de personas naturales, las circunstancias obligaron a trasladar el enfoque hacia las empresas.
El decreto establece un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con tarifas diferenciadas: una tarifa general del 0,5% para empresas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT (equivalentes a poco más de $10.474 millones), mientras que el sector financiero y el minero-energético enfrentarán una tarifa del 1,6%. Esta diferenciación busca que la mayor carga recaiga sobre sectores con mayor capacidad económica, pues alrededor del 56% del recaudo esperado provendría de estas actividades.
Propuestas bancarias y respuesta gubernamental
Durante los encuentros, los bancos presentaron propuestas orientadas a aliviar la situación financiera de las zonas afectadas por las inundaciones. Entre las medidas planteadas destacan: establecer un periodo de gracia de hasta doce meses para las deudas ubicadas en áreas impactadas, sin causación de intereses durante ese tiempo y manteniendo la calificación crediticia de los usuarios; suspender cobros ejecutivos y prejurídicos; y desarrollar esquemas de atención prioritaria y educación financiera.
Si bien el ministro Ávila calificó estas iniciativas como positivas, dejó claro que el Gobierno considera necesario avanzar en medidas adicionales. En particular, planteó dos temas prioritarios dentro del diálogo con la banca:
- Reducción de tasas de interés para las líneas dirigidas a la economía popular. Actualmente, los créditos agropecuarios registran tasas cercanas al 30%, pero sin la intervención del Banco Agrario podrían acercarse al 50%. Los créditos de economía popular no agropecuaria presentan tasas promedio de 52,5%, niveles que Ávila calificó como "absolutamente desproporcionados" y "tasas inmanejables para los sectores productivos de la pequeña economía popular".
- Fortalecimiento del crédito asociativo y vinculación más activa del sistema financiero en la financiación de la reforma agraria. El Ejecutivo busca articular el mapa de entrega de tierras con un esquema de generación de crédito, modelo que inicialmente se exigió al Banco Agrario, pero que ahora se espera sea asumido por todo el sector financiero.
Ganancias bancarias bajo la lupa
El debate se intensifica al considerar el desempeño reciente del sector bancario. Según datos proporcionados por el ministro Ávila, en 2024 los establecimientos de crédito registraron utilidades por $8,7 billones de pesos, mientras que los bancos, en particular, alcanzaron ganancias por $8,3 billones. Un año después, en 2025, los establecimientos de crédito en su conjunto reportaron utilidades por $17,7 billones y los bancos por $14,2 billones. Es decir, el sistema financiero prácticamente duplicó sus ganancias entre 2024 y 2025.
Estas cifras han sido destacadas por el presidente Gustavo Petro, quien a través de redes sociales aseguró que "este crecimiento de las utilidades no se debe al crecimiento económico real sino al alza de intereses interna promovida por el Banco de la República". El mandatario añadió que gravar esas ganancias extraordinarias "es lo más justo que se pudiera hacer", confirmando que la medida quedaría incorporada dentro del nuevo decreto de emergencia económica.
Diálogo continuo y perspectivas futuras
El Ministerio de Hacienda ha anunciado que las discusiones con los bancos continuarán y que el Gobierno evalúa nuevos decretos relacionados con inversiones forzosas y otros mecanismos financieros. La conversación entre ambas partes ya no se limita a la coyuntura actual, sino que abre un debate más amplio sobre el papel del sistema financiero en la política económica y social del país.
El departamento de Córdoba, uno de los más afectados por las lluvias, simboliza la urgencia de estas discusiones. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que todos los sectores deben contribuir proporcionalmente a enfrentar la coyuntura económica derivada de la emergencia climática, especialmente aquellos que han registrado desempeños financieros excepcionales en los últimos años.
