Gobierno mantiene firmeza en aumento del 23% del salario mínimo
A pesar de la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado, el Gobierno Nacional mantiene su posición de defender el incremento del 23 por ciento en el salario mínimo para el presente año. Esta postura cuenta con el respaldo de los sindicatos y una parte significativa del sector empresarial, aunque existen voces disidentes como la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).
Consenso en la mesa tripartita
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó tras la reunión de la mesa tripartita de concertación salarial que la mayoría de los participantes apoya mantener el aumento del 23 por ciento. "La opinión mayoritaria es que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23 por ciento que hoy está vigente", declaró Sanguino, destacando que esta medida beneficia a más de 2,4 millones de trabajadores que actualmente reciben un salario de 1'750.905 pesos más auxilio de transporte.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, enfatizó que el salario vital ya es considerado un derecho adquirido tanto para el Gobierno como para gran parte del sector empresarial y el movimiento sindical. "Sería inconveniente, inconstitucional e inviable modificarlo", afirmó Ávila, quien también mencionó que el Gobierno buscará implementar medidas compensatorias para las pequeñas y medianas empresas que enfrenten dificultades con este incremento.
Posiciones encontradas en el sector empresarial
Mientras la Asociación Nacional de Industriales (Andi), a través de su presidente Bruce Mac Master, hizo un llamado a las empresas para mantener las condiciones salariales vigentes, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) expresó su desacuerdo. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, advirtió que el aumento del 23 por ciento podría destruir empleos y afectar especialmente a los trabajadores informales y por cuenta propia.
"Nos preocupan los trabajadores que ganan el mínimo y que podrían ver sus empleos destruidos", señaló Cabal, quien también destacó el impacto inflacionario que ya se observa en sectores como transporte, comida fuera del hogar y salud.
Advertencias económicas y proyecciones
- Estudios de Fedesarrollo estiman una posible pérdida de hasta 600.000 empleos formales debido al incremento salarial.
- Investigaciones Económicas de Bancolombia proyectan que podrían desaparecer hasta 734.000 puestos de trabajo, afectando principalmente a actividades profesionales, comercio y construcción.
- El Banco de la República anticipa que el aumento del 23 por ciento podría elevar la inflación en aproximadamente 200 puntos básicos anuales, lo que llevaría a incrementos en las tasas de interés.
Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), anunció movilizaciones para defender el decreto, argumentando que se trata de un derecho adquirido ya reconocido por empresarios y Gobierno. "Considero que el Consejo de Estado está equivocado. El pueblo va a defender este decreto", afirmó Arias.
Próximos pasos y consideraciones legales
El Gobierno tiene un plazo de ocho días calendario para emitir un nuevo decreto que detalle los parámetros económicos que justifican el incremento del 23 por ciento, incluyendo el impacto de la inflación, la productividad y el crecimiento económico. Mientras tanto, las empresas deben continuar pagando el salario con el aumento establecido, y en caso de que eventualmente se apruebe un porcentaje menor, los trabajadores no podrán ver reducido el dinero ya recibido.
María Elena Ospina, presidenta de Acopi, sugirió que los trabajadores que ya recibieron el aumento del 23 por ciento deben continuar percibiendo ese valor, mientras que los nuevos contratos podrían ajustarse a cualquier cifra que se establezca en el futuro decreto.
