Crisis fiscal del gobierno Petro se intensifica tras aumento del salario mínimo
La administración del presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo frente de presión fiscal tras la decisión de incrementar el salario mínimo en un 23% para el año 2026. Según un análisis del centro de estudios Anif, esta medida tendrá efectos profundos sobre las cuentas públicas del país, en un contexto marcado por la estrechez presupuestal y las dificultades para cumplir con la regla fiscal establecida.
Impacto directo en el sistema pensional
El informe destaca que el mayor golpe fiscal proviene del sistema de pensiones. Con base en cifras de Colpensiones, a noviembre de 2025 existían 1,85 millones de pensionados, de los cuales el 55,4% recibe exactamente un salario mínimo. Dado que las pensiones deben ajustarse en la misma proporción que el mínimo, es decir, un 23%, mientras que las pensiones superiores solo se incrementan con la inflación, se genera una brecha significativa en el gasto público.
Anif estima que este factor por sí solo representa un gasto fiscal adicional de $5,8 billones en 2026, comparado con un escenario en el que el salario mínimo hubiese crecido un 6%. Este rubro concentra la mayor parte del impacto fiscal total y se convierte en el principal canal de transmisión del aumento salarial hacia el déficit presupuestal.
Mecanismos de cobertura y nómina pública
Adicionalmente, el costo del mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo en las rentas vitalicias, diseñado para cubrir la diferencia entre el crecimiento del mínimo y la inflación, podría aumentar en aproximadamente $1,5 billones para 2026. Este incremento es consecuencia directa del elevado crecimiento real del salario mínimo decretado para este año.
El informe también advierte sobre los cambios introducidos por el Decreto 1485 de 2025, que modifica el parámetro para calcular el deslizamiento. Aunque su objetivo es reducir el costo fiscal inmediato, Anif señala que esta medida traslada los riesgos y obliga a que los recursos sean cubiertos por las aseguradoras y afiliados, lo que podría incrementar la presión fiscal en el mediano plazo a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima.
En cuanto a la nómina pública, el Gobierno deberá ajustar los ingresos de los funcionarios que devengan exactamente un salario mínimo en la misma proporción del 23%, generando una presión adicional cercana a $300.000 millones en 2026. Aunque se trata de una estimación máxima, este efecto se suma a un gasto ya rígido y con escaso margen de maniobra.
Reducción en el recaudo tributario
El análisis incorpora también el impacto sobre el recaudo tributario, destacando que el mayor costo laboral para las empresas reduce la renta líquida gravable al aumentar las deducciones por nómina. Bajo sus supuestos, Anif estima que el recaudo se reduciría en alrededor de $3,5 billones, agravando aún más la situación fiscal.
Consecuencias para las finanzas públicas
Considerando todos estos factores, el reporte estima que el costo fiscal adicional asciende a $6,5 billones en 2026, sin incluir efectos adicionales difíciles de cuantificar. En un escenario de alta estrechez fiscal, el centro de estudios advierte que este choque introduce nuevas rigideces al gasto y reduce significativamente el margen de maniobra del Gobierno para sanear las finanzas públicas.
Anif subraya que, si bien el objetivo de reducir la pobreza mediante el aumento del salario mínimo es reconocido como deseable, un incremento de esta magnitud puede generar efectos económicos que terminen perjudicando precisamente a quienes se busca proteger. El informe concluye que esta situación complica el retorno a la senda exigida por la regla fiscal, planteando desafíos considerables para la estabilidad económica del país en el corto y mediano plazo.
