La ciencia agropecuaria es uno de los activos estratégicos más importantes de Colombia. De su solidez depende la productividad del campo, la soberanía alimentaria y la capacidad para adaptarse a la crisis climática. En esa dirección, el Gobierno Nacional tomó la decisión de proteger, ordenar y proyectar la capacidad científica del país, incluso en un escenario fiscal complejo y exigente, agravado por el bloqueo institucional de amplios sectores de la oposición que han procurado la asfixia presupuestal del actual Gobierno.
Prioridad presupuestal para Agrosavia
Los datos lo demuestran. Para 2026, la asignación presupuestal de Agrosavia ocupó el 66.5% de la totalidad del presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y para este año, de manera preliminar, este recurso puede alcanzar como mínimo el 43% del mismo rubro. Cuando el Gobierno Nacional ha tenido que ajustar, se ha priorizado a la entidad incluso por encima del propio presupuesto de funcionamiento del Ministerio.
En el marco de la actual discusión presupuestal, el Congreso de la República debería considerar la importancia de ampliar el presupuesto del sector Agricultura, incluido Agrosavia, así como las fuentes de recursos disponibles. El Ministerio está listo para acompañar ese esfuerzo y esta solicitud. En esa misma línea, resultaría pertinente que los actores públicos y privados, como la SAC, que tienen participación decisiva en la asamblea de la Corporación, también concurran activamente en la consecución de recursos y la sostenibilidad financiera. Lastimosamente, a la fecha, estos aportes no se han evidenciado de manera significativa.
Contexto político y financiero
En medio de la discusión presupuestal sobre la Corporación y el sector, es importante mencionar que el debate reciente en torno a Agrosavia se da en un entorno en el que confluyen numerosos intereses políticos, e incluso, electorales. Esto no desestima las preocupaciones legítimas, pero sí ayuda a entender que una parte relevante de la información difundida en los últimos días refleja solo una parte del panorama.
La cartera de Agricultura no ha dejado de buscar recursos para fortalecer a la entidad, lo que se refleja en más de $6.000 millones en cooperación internacional, contratos por más de $3.000 millones con Fiduagraria y convenios por más de $2.600 millones en la región Caribe, orientados a fortalecimiento productivo, agrologística y acceso a mercados.
Proyecto CSICAP: una gran noticia
El mejor ejemplo de ese fortalecimiento es el proyecto CSICAP (Iniciativas Climáticamente Inteligentes Para la Adaptación al Cambio Climático y la Sostenibilidad en Sistemas Productivos Agropecuarios), financiado con recursos de crédito y subvención de la CAF y el Fondo Verde Clima. Con una inversión cercana a US$99,9 millones, beneficiará directamente a 195.000 productores rurales, tendrá presencia en 219 municipios de 22 departamentos y fortalecerá las capacidades de 54.000 agricultores y 4.400 técnicos.
Su estructura financiera combina US$48,3 millones en donación, US$35,3 millones en créditos y US$16,4 millones en cofinanciación. Gracias a las gestiones del Gobierno Nacional y del Ministerio de Agricultura, Agrosavia asumirá un rol más relevante como agente implementador. La debida diligencia inició el pasado 24 de abril de 2026, y es el paso previo para que se materialice un primer desembolso cercano a los US$9 millones.
Es importante que la consecución de nuevos recursos esté acompañada de resultados concretos y medibles en territorio que permitan superar la situación actual de Agrosavia en la que, por ejemplo, de 305 proyectos activos, solo el 7.8% corresponde a transferencia tecnológica. Es preciso que los recursos gestionados fortalezcan la llegada de la ciencia al campo y la traduzcan en productividad, adaptación climática e impacto real para los productores y la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria.
Bancos de germoplasma: orden institucional
La reciente discusión pública sobre el proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura, que ordena la política de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura bajo enfoques de custodia compartida y conservación integrada (in situ y ex situ), a través de la articulación entre el Estado, la ciencia y los custodios territoriales, exige el mayor rigor. Estamos hablando de un activo estratégico de la Nación: los recursos genéticos y los bancos de germoplasma son esenciales para la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad del agro.
La decisión de estructurar la administración de los bancos de germoplasma en cabeza del Estado no implica desplazar a Agrosavia ni debilitar su rol científico. Por el contrario, corrige un problema estructural: la actual concentración de funciones sobre un mismo actor. Administrar un patrimonio público, investigarlo, aprovecharlo y custodiarlo son funciones distintas que requieren capacidades, responsabilidades y controles diferenciados. Hoy, estos roles se encuentran superpuestos. Separarlos permite fortalecer cada uno de ellos y ordenar el sistema.
La administración exige control, trazabilidad, supervisión permanente y responsabilidad patrimonial, mientras que la investigación demanda capacidades técnicas y científicas especializadas. Diferenciar estas funciones no fragmenta; al contrario, fortalece la gobernanza y alinea la institucionalidad con estándares modernos. Eso es lo que propone el Gobierno Nacional: una política pública robusta que, además, sea construida con la participación de investigadores, científicos, entidades y de la sociedad en general.
Es importante aclarar que el proyecto de la mencionada Resolución no establece el traslado de los bancos de germoplasma, no interrumpe investigaciones, ni elimina capacidades. Lo que hace la iniciativa es establecer un Plan de Transición conjunto entre ICA y Agrosavia, con gradualidad, rigor técnico y continuidad operativa. Es una decisión de orden institucional, no de debilitamiento científico, que busca resolver asuntos que recientemente señaló la Contraloría General de la Nación en diciembre de 2025, que advirtió debilidades en trazabilidad, control e integración de información en el modelo actual que se basa en la plena delegación de todas las funciones a Agrosavia.
El esquema vigente ha permitido operar, pero limita el ejercicio pleno de control directo del Estado sobre un activo estratégico. Ordenar funciones es, por tanto, una condición necesaria para mejorar la transparencia, la supervisión y la protección del patrimonio genético.
Una decisión de Estado
Colombia no está desmontando su ciencia agropecuaria; está tomando decisiones para hacerla sostenible, fortalecer su institucionalidad y proteger un patrimonio estratégico. Por eso, pese a las restricciones fiscales y a un entorno político que ha limitado la capacidad presupuestal del Gobierno, se ha optado por priorizar a Agrosavia, ampliar sus fuentes de financiación y proyectarla en iniciativas de escala internacional, mientras se avanza en ordenar la gobernanza de los recursos genéticos bajo el principio de la administración del patrimonio de los colombianos y colombianas como responsabilidad indelegable del Estado.
