El debate sobre la actividad minera en la mina 'La Mandinga', ubicada en Caucasia, Antioquia, se intensificó tras las revelaciones del diario The New York Times, que señaló una supuesta conexión de la mina con un grupo armado ilegal. Sin embargo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro otorgó los documentos legales de explotación y la autorización ambiental para esta mina de oro, que con el tiempo se ha expandido hasta invadir terrenos de una base militar.
Entrega de títulos mineros en Caucasia
El 11 de abril de 2024, el presidente Petro, junto a su gabinete, se trasladó a Caucasia en el marco de la 'asamblea popular por la paz y para la vida'. En ese evento, la Agencia Nacional Minera y el entonces ministro de Energía, Andrés Camacho, entregaron títulos legales a pequeños mineros. El objetivo era otorgar entre 10 mil y 15 mil títulos de explotación para legalizar su labor y evitar la persecución estatal.
Entre los títulos entregados, Petro otorgó personalmente a Hermelina Isabel Cardozo Calle, representante legal de 'La Mandinga', el contrato para la explotación legal de oro, plata, platino y sus derivados por 30 años. El registro minero nacional se otorgó seis días después, permitiendo la explotación de 158.5082 hectáreas. Dos años más tarde, la mina sobrepasó sus límites y extendió su actividad hasta los predios del Batallón de Infantería No. 31 Rifles.
Reacciones del Gobierno y el Ejército
El presidente Petro defendió la entrega de títulos, señalando que el Estado había perseguido injustamente a los pequeños mineros bajo el Código Minero de Andrés Pastrana. Sin embargo, el Ejército reportó la presencia de más de 2.300 mineros ilegales en la zona, ocupando aproximadamente 2.000 hectáreas y causando un deterioro ambiental severo. Desde 2022, se han denunciado estos hechos ante la Fiscalía y la Procuraduría, y se han realizado más de 20 intervenciones, que han generado bloqueos violentos en la vía Troncal.
La mina 'La Mandinga' cuenta con licencia ambiental temporal otorgada por Corantioquia en 2022, renovada posteriormente, basada en el título minero legal. Las autoridades ambientales aclaran que la licencia solo es viable si existe un título minero previo.
Defensa de los mineros
Juan Sebastián Castro, vocero de la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y el sur de Córdoba, negó cualquier vínculo con grupos armados ilegales. Afirmó que los mineros son informales que buscan formalizarse y que la maquinaria utilizada es de su propiedad. Además, indicaron que venden el oro a casas legales en la región, como en Caucasia, Cáceres y Zaragoza, y que el Gobierno debería revisar más a fondo las exportadoras. Castro admitió que el Clan del Golfo opera en la zona, pero sostuvo que los mineros no tienen negociaciones con ellos.
El debate continúa mientras las autoridades evalúan el impacto ambiental y la seguridad en la región.
