Colombia lidera histórico encuentro global sobre reforma agraria en Cartagena
En un momento crucial para la construcción de un nuevo orden internacional, Colombia ha sido protagonista de un evento de alcance mundial: la Segunda Conferencia sobre la Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Iccard+20), celebrada exitosamente en Cartagena. Este encuentro multilateral ha reunido a delegaciones de más de 100 países, marcando un hito en la continuidad de los compromisos establecidos en la Declaración de Porto Alegre de 2006.
Objetivos fundamentales para la transformación territorial
Durante la conferencia, se reafirmaron tres objetivos centrales que guiarán las acciones internacionales en materia agraria:
- Crear una narrativa compartida sobre la relación entre tierra, paz y democracia, con especial énfasis en la transformación territorial y el enfoque de derechos humanos.
- Identificar áreas prioritarias de cooperación donde las delegaciones nacionales y organismos internacionales puedan sumar esfuerzos de manera coordinada.
- Establecer mecanismos de seguimiento efectivos para garantizar la realización concreta de los objetivos planteados en Iccard+20.
Estos objetivos adquieren especial relevancia cuando se analizan los datos presentados por el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, quien documentó la persistencia de desafíos críticos durante las dos décadas transcurridas desde la Declaración de Porto Alegre.
Las cifras alarmantes sobre tenencia de tierra
Los interrogantes planteados durante la conferencia revelan realidades preocupantes a nivel global:
- La tenencia de tierra sigue concentrada injustamente en pocas manos
- 1.100 millones de personas experimentan inseguridad sobre sus derechos de tenencia
- Solo el 35% de la tierra en el mundo cuenta con documentación adecuada
- Las mujeres enfrentan exclusión sistemática, con apenas el 15% siendo propietarias
- La destrucción ambiental y conflictos violentos se intensifican mientras persisten estas desigualdades
Multilateralismo y pluralidad: un enfoque complementario
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Yolanda Villavicencio, propuso en su intervención complementar el concepto tradicional de multilateralismo con la noción de pluralidad. Mientras el multilateralismo representa la cooperación entre naciones, la pluralidad abarca todas las formas de resistencia de pueblos, movimientos sociales y poblaciones históricamente marginadas que tienen incidencia global.
"La voz de los movimientos sociales en Iccard+20 no es una formalidad, sino una voz que se hace escuchar y que contiene soluciones a múltiples desafíos", destacó la ministra, enfatizando que las respuestas no están en un futuro lejano, sino en las prácticas comunitarias actuales de uso común del territorio.
Análisis académico sobre la informalidad sistémica
Referencias académicas como Linhart, Lazzarato, Federici y Harvey han demostrado que la informalidad en los derechos de tenencia de tierra no es una anomalía, sino un proceso sistémico del sistema-mundo actual. La indeterminación de derechos sobre la tierra se explica por la conversión del dinero en capital, su circulación y concentración, generando condiciones de rentabilidad que perpetúan la desprotección.
Esta concentración de tierra, en ausencia de reglas jurídicas claras, produce consecuencias devastadoras: hambre, sobreexplotación, destrucción de condiciones de vida y conflictos que escalan hacia la violencia. Se trata de la promesa fallida de quienes defienden un orden de mercado sin regulaciones adecuadas.
Un nuevo modelo de cooperación internacional
En este escenario complejo, emergen formas de resistencia con repercusiones globales. La combinación de multilateralismo y pluralidad puede crear condiciones para esclarecer la opacidad de la propiedad sobre la tierra y garantizar protección a quienes temen perder sus territorios.
Iccard+20 ha sembrado las bases para un multilateralismo inclusivo que incorpora, además de los Estados, la sensibilidad de movimientos sociales, comunidades campesinas, clases trabajadoras, mujeres cuidadoras de lazos comunitarios y pueblos indígenas, entre otros actores políticos. Este consenso amplio representa una apuesta significativa del gobierno colombiano por transformaciones estructurales en materia agraria y de derechos territoriales.
