La Unidad Nacional de Protección (UNP) enfrenta una grave crisis de seguridad que va más allá de la protección de sus beneficiarios: el robo sistemático de vehículos blindados, armas y otros activos destinados a salvaguardar la vida de políticos, líderes sociales, firmantes de paz y personas en riesgo. Según cifras obtenidas por EL TIEMPO, entre 2022 y lo que va de 2025, se han hurtado al menos 157 camionetas y 225 armas de fuego vinculadas a los esquemas de protección de la entidad.
Camionetas blindadas: objetivo estratégico
Las camionetas blindadas utilizadas por la UNP se han convertido en un blanco prioritario para los grupos armados ilegales. Estos vehículos, empleados para transportar a personas con altos niveles de amenaza, pueden estar avaluados en más de 500 millones de pesos debido a su blindaje y capacidad de resistir impactos de armas de fuego.
Activos en manos de grupos armados
Uno de los datos más reveladores es que el objetivo de estos ataques ha cambiado: ya no se busca necesariamente atentar contra el protegido, sino tomar el control de los activos (vehículos y armamento) para fortalecer las capacidades logísticas de los grupos ilegales. Según el director de Protección de la UNP, Miguel Ángel Quiroga, la problemática se concentra principalmente en departamentos como Arauca, Norte de Santander y Cauca, donde los grupos armados ejercen control territorial sobre importantes corredores viales. Allí, los esquemas de protección suelen ser interceptados en carretera y obligados a detenerse.
“Los grupos salen a las vías, identifican fácilmente los vehículos de la entidad, obligan a detenerse y terminan llevándose las camionetas”, explicó el director. Ante esto, la entidad reconoce una sensación de “imposibilidad” para responder, dado que su función es estrictamente de protección y no de combate o enfrentamiento directo con actores armados.
Sin embargo, estas camionetas, armas y otros elementos de protección, en su mayoría, no son propiedad de la UNP, sino que son suministrados por empresas privadas contratadas mediante licitaciones con uniones temporales que prestan el servicio de alquiler.
Robo de chaquetas oficiales
A esto se suma el robo de 1.148 chaquetas con logotipos oficiales de la UNP de la fábrica de la empresa contratista. Este hecho encendió las alarmas nacionales debido al elevado riesgo de suplantación. “La empresa Soluciones Integrales Montgomery S.A.S., que actualmente tiene un contrato vigente con la UNP para la dotación de chaquetas cortavientos, denunció el hurto de un lote de 30 cajas con 1.148 de estas prendas, que tienen impreso el logo institucional. El hecho se registró el jueves 26 de febrero en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la ciudad de Bogotá”, informó la entidad a través de un comunicado.
En menos de 24 horas, las disidencias se robaron tres camionetas
Para el director de protección, este fenómeno ha persistido a lo largo de los años. Sin embargo, se ha incrementado la violencia de los ataques contra escoltas. Uno de los casos más graves ocurrió el pasado 19 de mayo en la región del Catatumbo. En la vereda Oropoma, jurisdicción del municipio de Ábrego (Norte de Santander), hombres armados atribuidos al Eln atacaron una camioneta de la UNP. Allí fueron asesinados dos escoltas de la entidad, el líder social Freiman David Velásquez y otras tres personas que se movilizaban en el vehículo.
El caso más reciente de robo de una camioneta de la UNP se presentó el 17 de mayo de 2026, cuando hombres armados interceptaron el vehículo asignado a la Guardia Indígena Regional del Cauca. El hecho fue denunciado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). De acuerdo con la denuncia, la camioneta, de placas NQK-680 y color blanco, fue retenida en el sector de El Cofre, en jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca). Tras intimidar a sus ocupantes, los responsables se llevaron el vehículo.
Otro episodio que encendió las alarmas ocurrió en Norte de Santander. El 14 de abril fueron robadas tres camionetas de la UNP en menos de 24 horas, en hechos que habrían sido perpetrados por integrantes de las disidencias de las Farc que operan en esa región del país.
¿Quién asume las pérdidas millonarias de los robos?
Como la mayoría de los vehículos empleados por la UNP pertenecen a empresas contratistas y no a la entidad, son estas compañías las que deben asumir los trámites posteriores al hurto. Aunque pueden reclamar ante las aseguradoras tras presentar las respectivas denuncias ante la Fiscalía, varias fuentes indicaron que no todos los vehículos cuentan con cobertura debido al alto riesgo que representan las operaciones en zonas con presencia de grupos armados. En la práctica, esto significa que parte de las pérdidas termina siendo asumida directamente por las empresas propietarias de las camionetas, algunas de las cuales están avaluadas en más de 500 millones de pesos.
Como respuesta a esta problemática, la UNP avanza en el desarrollo de un software para mejorar el control y la ubicación de los vehículos vinculados a los esquemas de protección. La iniciativa ha generado polémica por preocupaciones sobre un posible seguimiento a personas protegidas. Sin embargo, la entidad negó que se busque vigilar ilegalmente a los protegidos y señaló que las denuncias carecen de sustento técnico, jurídico y operativo, y que busca minimizar irregularidades como la ausencia del escolta junto al protegido.
