El sector de la seguridad privada en Colombia enfrenta una crisis debido a las nuevas normativas impulsadas por el Gobierno Nacional. Recientemente, se presentó un proyecto de ley que modifica la estructura tarifaria y establece una calculadora salarial de la Superfinanciera para las empresas del gremio, medidas que han sido rechazadas por las compañías y por Fedeseguridad.
Advertencias de Fedeseguridad
Raquel Garavito Chapaval, presidenta de Fedeseguridad, señaló que el sector sufre una “estigmatización del Gobierno al decir que existen relaciones con el paramilitarismo, además de retrasos en trámites desde hace más de cuatro años y un nuevo proyecto de ley que plantea tarifas por debajo del piso mínimo que exige la ley para cubrir los salarios”. Garavito agregó que esta medida “promueve la informalidad y pone en riesgo las garantías laborales de miles de trabajadores. Desde Fedeseguridad, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, porque Colombia necesita un sector de seguridad privada que sea formal y sostenible, por lo que debilitarlo no solo afecta a las empresas, sino también a los usuarios, trabajadores y seguridad”.
Estigmatización y parálisis institucional
Uno de los puntos mencionados por la presidenta de Fedeseguridad es la supuesta estigmatización por parte del Gobierno, que ha equiparado al sector formal con estructuras paramilitares sin soporte probatorio, afectando la reputación de las personas y empresas del sector. Otro aspecto reclamado es una “parálisis institucional” que impide a miles de trabajadores obtener sus acreditaciones en tiempos razonables. El promedio de espera es de 391 días por trámite, con casos que llegan hasta 1.348 días, al punto de que han sido detenidos en operativos cuando la demora es responsabilidad exclusiva del Estado.
Decisiones recientes sin socialización
A esto se suman dos decisiones recientes adoptadas sin socialización previa, sin el debido proceso y con evidentes deficiencias técnicas. La primera es la calculadora salarial, “cuya falta de rigor y veracidad técnica ha generado pánico injustificado entre trabajadores y empresas, extralimitándose en las funciones del ente regulador”. La segunda es la modificación de la estructura tarifaria, que “carece de los mismos requisitos de proceso” y promueve en la práctica una ruptura del modelo de negocio, omitiendo en su cálculo el impacto del nuevo lunes festivo creado por ley.
Impacto en trabajadores y formalidad
Explicaron que detrás de cada empresa que no puede sostenerse hay trabajadores que caen en la informalidad. Esto incluye a más de 55.000 jóvenes entre 18 y 25 años con su primer contrato formal, en un país donde la desocupación juvenil supera el 17%; más de 112.000 mayores de 45 años que el mercado convencional excluye en silencio; cerca de 80.000 mujeres, muchas cabezas de familia; y familias en municipios intermedios y zonas rurales donde este sector es frecuentemente el único empleador formal de escala. “Cuando el sector formal se debilita, el vacío lo ocupa la vigilancia ilegal, sin contratos, sin prestaciones y sin garantías para nadie. Las medidas actuales no protegen al vigilante. Lo desprotegen”, enfatizaron.
