La Fiscalía General de la Nación afectó con fines de extinción de dominio dos bienes que, según las autoridades, eran utilizados por redes delincuenciales dedicadas a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín. Estos inmuebles tienen un avalúo preliminar superior a los 11.000 millones de pesos.
Medidas cautelares sobre inmuebles
Las medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión recayeron sobre un inmueble ubicado en el centro de la ciudad y un establecimiento de comercio que funcionaba como motel. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por las autoridades, estos lugares habrían facilitado actividades de explotación sexual con menores de edad.
Evidencias de actividades ilícitas
Durante varios procedimientos realizados en el lugar, las autoridades evidenciaron el ingreso recurrente de niñas y adolescentes, quienes presuntamente eran sometidas a actividades relacionadas con el delito de estímulo a la prostitución. Las diligencias también permitieron obtener evidencia de que el establecimiento no solo habría sido utilizado para estos hechos, sino que además funcionaba como centro de almacenamiento y comercialización de sustancias estupefacientes.
Acción judicial y coordinación interinstitucional
Las medidas cautelares fueron decretadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en el marco de las acciones para afectar el patrimonio de organizaciones criminales que obtienen beneficios económicos de actividades ilícitas que afectan a menores de edad. La materialización de las decisiones judiciales se realizó mediante operativos coordinados entre la Fiscalía, unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
Objetivos de las autoridades
Con estas actuaciones, las autoridades buscan impedir que los inmuebles continúen siendo utilizados para la comisión de delitos y afectar las estructuras financieras de las redes delincuenciales vinculadas a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Mientras avanza el proceso de extinción de dominio, las propiedades quedarán bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de custodiar y gestionar los bienes afectados con medidas cautelares por decisión de las autoridades judiciales.
