Rusia impone Max, su aplicación de mensajería con vínculos con Putin y serias dudas sobre seguridad
En un movimiento que intensifica el cerco a la libertad de expresión digital, el gobierno ruso ha implementado restricciones progresivas contra WhatsApp y Telegram durante la última semana, afectando a cerca de 200 millones de usuarios en el país. Esta medida busca forzar la migración masiva hacia Max, una nueva aplicación de mensajería respaldada directamente por el Estado ruso y que genera profundas preocupaciones sobre vigilancia y seguridad de datos.
La estrategia del Kremlin para controlar el espacio digital
Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, confirmó el bloqueo argumentando la "reticencia de estas empresas a respetar la ley rusa". Sin embargo, analistas internacionales ven en esta maniobra un intento claro de convertir a Max en la columna vertebral de la vida en línea rusa, replicando el modelo de superaplicaciones como WeChat en China.
La agencia rusa de vigilancia de telecomunicaciones Roskomnadzor acusó previamente a WhatsApp y Telegram de ser utilizados para "estafas y objetivos criminales y terroristas", justificando así las restricciones que comenzaron con el bloqueo de llamadas en agosto de 2025 y que ahora se extienden al acceso completo.
Max: la superaplicación con crecimiento forzado
Lanzada en marzo de 2025 por VK (antes mail.ru Group), Max se presenta como una plataforma integral que combina mensajería, pagos, servicios gubernamentales y hasta pedidos a domicilio. Desde su lanzamiento, ha experimentado un crecimiento exponencial que pasa de 1 millón de usuarios en junio a más de 75 millones al cierre del año.
Este crecimiento acelerado tiene explicaciones preocupantes: desde septiembre de 2025, el gobierno ruso exige a fabricantes incluir Max automáticamente en todos los teléfonos y tabletas nuevos vendidos en el país. Además, numerosos reportes indican que empleadores rusos están presionando a trabajadores para que descarguen la aplicación.
Los vínculos directos con el poder ruso
La estructura de propiedad de Max revela conexiones estrechas con el círculo de Vladimir Putin. En 2021, el 57,3% de VK fue adquirido por Sogaz Group, cuyo dueño Alisher Usmanov es reconocido aliado del presidente ruso y forma parte de Gazprom, empresa mayoritariamente estatal.
Además, el director ejecutivo de VK, Vladimir Kiriyenko, es hijo de Sergey Kiriyenko, subjefe de gabinete desde 2016 y figura cercana a Putin. Estas relaciones han llevado a organizaciones como Reporteros Sin Fronteras a denunciar que "Max proporciona al Kremlin una poderosa herramienta para difundir su propaganda en un espacio digital centralizado".
Graves preocupaciones de seguridad y vigilancia
A diferencia de WhatsApp y Telegram, Max no implementa cifrado de punta a punta, sistema que protege el contenido de los mensajes permitiendo que solo emisor y receptor puedan acceder a la información. Esta ausencia de protección básica eleva las sospechas de que el verdadero interés ruso es vigilar las comunicaciones de sus ciudadanos.
WhatsApp denunció que el bloqueo representa "un intento de obligar a la gente a pasarse a la aplicación estatal y no protegida contra la vigilancia", añadiendo que "aislar a más de 100 millones de usuarios sin derecho a comunicación privada y segura es un retroceso que deteriora la seguridad en Rusia".
Impacto en periodismo y territorios ocupados
La situación se agrava en el contexto del conflicto con Ucrania, donde Reporteros Sin Fronteras alerta que periodistas se ven forzados a usar Max para mantener contacto con fuentes locales, exponiéndose a vigilancia constante. La aplicación solo funciona con tarjetas SIM rusas o bielorrusas, creando un bloqueo informativo en territorios ucranianos ocupados.
Vincent Berthier y Pauline Maufrais, de Reporteros Sin Fronteras, afirmaron que "esta adopción forzosa crea un bloqueo informativo para ciudadanos ucranianos de territorios ocupados, aislados de la Ucrania libre". La estrategia rusa busca así controlar no solo las comunicaciones internas, sino también la información en zonas de conflicto.
Un futuro digital controlado por el Estado
Con estas medidas, Rusia consolida su modelo de internet soberano, donde aplicaciones extranjeras son progresivamente reemplazadas por alternativas locales bajo control estatal. El caso de Max representa un punto de inflexión en esta política, mostrando cómo el Kremlin utiliza herramientas tecnológicas para ampliar su influencia y control sobre la población.
La comunidad internacional observa con preocupación cómo estas restricciones afectan derechos fundamentales mientras Rusia avanza en la construcción de un ecosistema digital cerrado, donde la vigilancia estatal se convierte en norma más que en excepción.
