Fiscalía reabre investigación contra funcionaria por presunta violencia contra Lowe León
La Fiscalía 31 Local de Barranquilla ha tomado una decisión significativa al desarchivar la denuncia por presunta violencia intrafamiliar, económica y psicológica en contra del cantante y compositor colombiano Lowe León. Este caso, que había sido archivado en 2024, resurge ahora con nuevos indicios racionales que permiten un reexamen integral de la situación, invirtiendo los roles inicialmente planteados.
Un giro procesal: del señalado al presunto afectado
Lo más relevante de esta nueva etapa investigativa es que el análisis probatorio comienza a mostrar un escenario completamente distinto al inicialmente planteado por la funcionaria Liceth Paola Córdoba Ramos. Según el equipo jurídico del artista, existen elementos materiales probatorios contundentes que apuntan a una presunta violencia psicológica y patrimonial ejercida en contra de Lowe León.
Este presunto comportamiento habría ocurrido en un contexto de conflicto económico derivado de un proceso de divorcio contencioso. La defensa sostiene que no puede desconocerse el entorno en el que ocurrieron los hechos: un divorcio con componentes patrimoniales significativos y en controversia debido a la alta capacidad económica del artista.
En ese escenario complejo, se investiga si los mecanismos judiciales pudieron haber sido utilizados como instrumentos de presión para forzar acuerdos económicos, proyectando públicamente una imagen de agresor que hoy está siendo reevaluada por las autoridades competentes colombianas.
El precedente absolutorio en España
Este análisis colombiano no puede aislarse de lo ocurrido previamente en territorio español. Allí, los procesos penales adelantados contra Lowe León concluyeron con autos absolutorios ejecutoriados, lo que constituye un punto esencial en la reevaluación del caso.
Mientras los tribunales españoles absolvían al artista, a su exesposa le negaban medidas de protección por falta de riesgo objetivo. Este contraste sugiere, según la defensa, que en el actuar de la funcionaria podría existir una presunta instrumentalización de los sistemas judiciales en beneficio de intereses patrimoniales y de custodia.
A pesar de estas resoluciones españolas, el equipo jurídico ha advertido que la funcionaria intentó trasladar a la Fiscalía General de la Nación colombiana la tesis de una supuesta violencia sistémica traída de España, argumento que ya ha sido examinado y descartado por los tribunales europeos.
Del conflicto civil al escenario penal: la secuencia judicial
La secuencia de decisiones judiciales en España ofrece un hilo conductor claro sobre la evolución del caso:
- No prosperaron ni la solicitud de medidas de protección ni las denuncias penales contra Lowe León
- En el ámbito civil internacional, el Juzgado de Instrucción No. 4 de Llíria-Valencia declaró el desplazamiento ilícito del menor
- La misma autoridad judicial reconoció el ejercicio inadecuado de la patria potestad y custodia conforme al Convenio de La Haya de 1980
Esto significa que una autoridad judicial española reconoció formalmente que la salida del menor del territorio español no se ajustó al marco legal aplicable. El niño fue sustraído de su residencia habitual en septiembre de 2024 y actualmente se encuentra retenido ilegalmente, según las determinaciones judiciales.
La defensa ha señalado que la salida de España ocurrió precisamente después de no haberse obtenido decisiones favorables en sede penal ni en los juzgados civiles españoles, y bajo la alegación de un supuesto riesgo que nunca fue acreditado ante los tribunales europeos.
Procedimientos internacionales en curso
Por lo anteriormente mencionado, la defensa del artista ha tramitado la solicitud de restitución internacional del menor a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como autoridad central administrativa. Este trámite se encuentra en proceso para que los jueces de familia competentes en Barranquilla evalúen el cumplimiento de las leyes del tratado internacional de La Haya.
El equipo jurídico ha reiterado en múltiples ocasiones que este procedimiento no busca controversias personales, sino la protección del interés superior del menor y el respeto a la jurisdicción internacional previamente establecida por los tribunales competentes.
Transparencia institucional y control disciplinario
Dada la condición de servidora pública de la fiscal Liceth Paola Córdoba Ramos, el equipo jurídico de Lowe León ha iniciado trámites para presentar queja disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El objetivo es evaluar si la funcionaria ha incurrido o no en faltas disciplinarias a lo largo de los procesos interpuestos en contra del artista.
Asimismo, se solicitará vigilancia institucional a la Procuraduría General de la Nación, en garantía de transparencia procesal y cumplimiento de los protocolos establecidos para casos de esta naturaleza. Este comunicado tiene como propósito aportar información verificable y mantener la transparencia en un proceso que ha captado la atención pública nacional e internacional.
