Concejal de Barranquilla se entrega voluntariamente tras orden judicial por violencia intrafamiliar
El concejal de Barranquilla Alexis Castillo, integrante del Partido Conservador, se presentó este 24 de febrero de 2026 ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en el centro de la ciudad, tras la orden de captura emitida en su contra por el delito de violencia intrafamiliar agravada hacia su ex pareja, Silvia Aragón.
Detalles del procedimiento judicial
La diligencia se realizó en la mañana del 24 de febrero, apenas un día después de que se hiciera pública la orden judicial que había sido expedida el 11 de febrero de 2026 por un juez de control de garantías, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Castillo llegó acompañado de su abogado defensor y, durante el procedimiento, agentes del CTI le leyeron sus derechos como persona capturada.
Fotografías aficionadas del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando al cabildante momentos antes de su entrega voluntaria a las autoridades judiciales.
Antecedentes de las denuncias
La investigación contra el concejal se basa en las denuncias formales presentadas por Silvia Aragón, quien sostiene que desde el año 2023 ha sido víctima de múltiples episodios de violencia que incluyen:
- Agresiones físicas documentadas desde marzo de 2025
- Violencia psicológica y emocional sostenida
- Daños económicos y patrimoniales
- Amenazas y actos de hostigamiento constantes
Aragón mantiene actualmente tres procesos paralelos contra Castillo: uno en una Comisaría de Familia, otro en la Fiscalía y un tercero en un juzgado de familia. Además, cuenta con un documento autenticado que le otorgó la custodia de sus hijos en octubre de 2024, y asegura haber recibido presiones y amenazas relacionadas con este proceso desde entonces.
La versión del concejal Alexis Castillo
En declaraciones públicas difundidas previamente, Castillo manifestó que la orden de captura "lo tomó por sorpresa" y argumentó que esta no corresponde a nuevos hechos, sino a una incomparecencia a una audiencia relacionada con el traslado del escrito de acusación en noviembre de 2025.
El concejal explicó que ese día se encontraba cumpliendo compromisos oficiales en el Concejo Distrital de Barranquilla, y que su ausencia habría sido interpretada por la Fiscalía como un posible intento de obstrucción a la justicia. Esta interpretación motivó la solicitud de la medida cautelar para asegurar su presencia en la siguiente etapa del proceso penal.
Castillo expresó su disposición a comparecer ante las autoridades y sostuvo que el origen del conflicto está ligado a su separación, que supera los dos años, y a las disputas por la custodia de sus hijos en común.
Repercusiones políticas y sociales
La entrega del concejal ha generado especial atención pública debido a que Castillo es integrante de la Comisión de la Mujer y Asuntos Varios del Concejo de Barranquilla, órgano encargado de impulsar iniciativas de protección de derechos de las mujeres y prevención de violencias en escenarios políticos.
Organizaciones de mujeres y sectores académicos han reiterado la importancia de que el caso avance con independencia judicial y celeridad, destacando su impacto social y simbólico. En contraste, sectores cercanos al concejal han realizado manifestaciones públicas acusando "persecución política" contra el cabildante, especialmente en un periodo electoral sensible.
Castillo ha sugerido que la difusión del caso podría tener efectos políticos, aunque no presentó pruebas concretas de presiones externas en su contra.
Situación actual y próximos pasos
Por ahora, Alexis Castillo permanece a disposición de un juez de control de garantías, quien definirá si el proceso continúa en libertad o si debe ser recluido en un centro carcelario del departamento del Atlántico mientras avanzan las audiencias preliminares.
Mientras tanto, los trámites administrativos y familiares interpuestos por Silvia Aragón siguen activos en las diferentes instancias judiciales, manteniendo un panorama jurídico complejo alrededor del concejal conservador.
El caso continúa desarrollándose bajo la mirada atenta de la opinión pública barranquillera y nacional, en un contexto donde la violencia intrafamiliar y la responsabilidad de los funcionarios públicos están en el centro del debate social.
