Transporte público: campañas pedagógicas no detienen el acoso sexual contra mujeres
Utilizar el transporte público no debería convertirse en un acto de valentía, pero para millones de mujeres en América Latina, el simple hecho de desplazarse al trabajo o regresar a casa se ha transformado en un ejercicio diario de supervivencia. Frente a esta realidad que muchas hemos experimentado directamente, las respuestas institucionales frecuentemente caen en un patrón frustrante de lanzar campañas pedagógicas y de sensibilización.
La falsa premisa de la ignorancia
Estas iniciativas operan bajo la premisa, bastante ingenua, de que el acoso sexual, los tocamientos no consentidos y el exhibicionismo son producto de la falta de información. Como si un agresor que realiza actos de índole sexual contra una mujer en un autobús repleto de gente fuera a detenerse a reflexionar por leer un cartel o a desarrollar repentinamente empatía tras escuchar un mensaje institucional.
La violencia sexual en el transporte público no es un problema de falta de información; es un problema de impunidad, de ausencia de control y, sobre todo, de una tolerancia social que durante demasiado tiempo ha normalizado lo inaceptable.
El caso revelador de Cartagena
Miremos el caso específico de Cartagena. El sistema de transporte masivo Transcaribe lanzó con bombos y platillos la campaña "Ella se mueve segura" como su gran herramienta para eliminar las violencias contra las mujeres. La iniciativa se centró en acciones de tipo pedagógico, la divulgación de un "Protocolo Púrpura" y la creación de un "muro de las usuarias" para impulsar el empoderamiento femenino.
Suena bien en el papel, pero la realidad operativa del sistema cuenta una historia muy distinta y mucho más cruda. El 2 de marzo de 2026, Gabriela Linares Chamorro, una joven de apenas 18 años, denunció haber sido víctima de acoso sexual a bordo de un vehículo de la ruta X102 de Transcaribe. El agresor simplemente se bajó en la estación Martínez Martelo, como si nada hubiera ocurrido.
Transcaribe emitió un comunicado afirmando que "activaron de manera inmediata sus protocolos de atención y acompañamiento" y que pusieron "en custodia toda la información y grabaciones de seguridad". Esta respuesta, puramente reactiva, deja al descubierto las profundas grietas del sistema.
Falencias estructurales del sistema
Para empezar, recordemos que en 2017 Transcaribe anunció la instalación de cámaras de seguridad, pero estas se ubicaron exclusivamente en las 17 estaciones y en el Patio Portal, ninguna dentro de los autobuses que es precisamente donde ocurren la mayoría de los abusos. Además, la empresa carece de un cuerpo de vigilancia o policía dedicado exclusivamente al sistema que pueda realizar capturas en flagrancia.
Al final del día, la carga recae abrumadoramente sobre las víctimas, a quienes se les insiste en que denuncien a través de correos electrónicos o taquillas, en lugar de ofrecerles botones de pánico o personal de seguridad visible y capacitado a bordo.
Un problema nacional con cifras alarmantes
El fracaso de estas medidas puramente pedagógicas no es exclusivo de Cartagena. Los datos a nivel nacional y regional evidencian que el acoso en el transporte público es un problema estructural que requiere intervenciones contundentes:
- En Medellín, a pesar de su reconocida "Cultura Metro" y de campañas de la Alcaldía como "Con mi cuerpo nadie se mete", las cifras de acoso sexual son alarmantes
- En Cali, el sistema MIO enfrenta una crisis similar, con denuncias reiteradas sobre presuntos casos de acoso y abuso sexual
- En Bogotá, aunque TransMilenio cuenta con un comando de policía dedicado que logró más de 2.080 capturas en 2024, el 67% de las mujeres aún percibe inseguridad al movilizarse
- En Barranquilla, Transmetro implementó el protocolo "Código Violeta" como parte de una estrategia integral
- En Pereira, las autoridades lograron identificar a través de cámaras a grupos de hombres que se dedican sistemáticamente a realizar tocamientos a las pasajeras en el Megabús
La necesidad de medidas concretas
El problema central radica en no entender quién es el agresor sexual en el transporte público. Estos individuos no actúan porque les falte información sobre lo que constituye el acoso; actúan porque el entorno de hacinamiento, el anonimato y la falta de vigilancia les regalan impunidad.
Un cartel que dice "el acoso es un delito" no va a detener a un depredador si él sabe perfectamente que no hay cámaras grabándolo, que no hay guardias cerca y que la probabilidad de que lo capturen es prácticamente nula.
Vagones exclusivos: una solución pragmática
Ante el fracaso evidente de las medidas blandas y la gravedad de las cifras, es imperativo y urgente dejar de tratar el acoso sexual en el transporte público como un simple problema de "falta de cultura". Tenemos que empezar a tratarlo como lo que realmente es: una emergencia de seguridad pública que exige medidas de contención física inmediatas.
La implementación de vagones y autobuses exclusivos para mujeres en Colombia debe contemplarse con seriedad. No se trata de una propuesta inalcanzable ni de una concesión simbólica, sino de una medida pragmática orientada a proteger la integridad de millones de mujeres que diariamente utilizan el transporte público.
Evidencia internacional respalda la medida
La experiencia internacional respalda esta propuesta:
- El programa "Viajemos Seguras" en el Metro de la Ciudad de México, implementado desde 2007, ha sido evaluado positivamente
- Japón reintrodujo los vagones exclusivos en Tokio a finales del año 2000 y ha logrado aumentar significativamente la sensación de seguridad frente al acoso
- Países como Brasil, India, Egipto, Malasia, Indonesia y Corea del Sur también han adoptado sistemas de transporte segregados por género para proteger a sus ciudadanas
Respuesta a las críticas
Los críticos de esta medida suelen argumentar que los vagones exclusivos no solucionan el problema de fondo, sino que segregan y atacan el síntoma y no la enfermedad. Y tienen razón: no solucionan el machismo estructural.
Pero cuando una mujer está siendo manoseada en un bus repleto a las seis de la tarde, no necesita que le solucionen el problema de fondo de la sociedad en ese instante; necesita un espacio físico donde su cuerpo no sea vulnerado. Exigir que las mujeres sigan soportando el acoso diario mientras esperan pacientemente a que las campañas pedagógicas surtan efecto en las próximas generaciones es, francamente, un acto de desidia institucional.
Un enfoque integral necesario
Implementar vagones exclusivos no significa abandonar la educación. Significa reconocer que hacer pedagogía sin ejecución es igual a nada; significa entender que los espacios de aglomeración favorecen la violencia porque se pierden los límites corporales.
Las campañas de papel que simulan seguridad mientras los agresores actúan con total libertad son una burla inaceptable. Es hora de exigir inversión real en:
- Cámaras funcionales dentro de los vehículos
- Personal de seguridad capacitado
- Judicialización efectiva
- Espacios exclusivos que garanticen la integridad física de las mujeres
De lo contrario, seguiremos condenando a millones de mujeres -estudiantes, trabajadoras, madres, hermanas, hijas y amigas- a seguir aguantando el acoso diario en el transporte público, mientras los noticieros continúan reportando casos de violencia sexual en estos espacios que deberían ser seguros para todos.
