Organizaciones sociales alertan sobre retroceso en derechos reproductivos en Bogotá
Un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil ha enviado una comunicación urgente al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitando que no sancione el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, denominado 'Ruta por la vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer'. Las entidades firmantes consideran que este acuerdo representaría un grave retroceso en las garantías ya reconocidas a mujeres y personas gestantes en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Vulneración de precedentes constitucionales
En la carta fechada el 10 de febrero de 2026, las organizaciones argumentan que el proyecto aprobado por el Concejo de Bogotá el 5 de febrero desconoce completamente los precedentes establecidos por la Corte Constitucional en materia de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Particularmente, señalan que el acuerdo ignora las sentencias C-355 de 2006, que estableció las tres causales para el aborto, y la histórica C-055 de 2022, que despenalizó el procedimiento hasta la semana 24 de gestación.
"La Corte Constitucional ha sido enfática en que la IVE debe prestarse de manera urgente y libre de obstáculos", destacan los firmantes, recordando que cualquier requisito adicional afecta la fuerza normativa de la Constitución y desconoce la ponderación existente entre la vida en gestación y los derechos de las mujeres.
Creación de barreras institucionales
Las organizaciones identifican varios aspectos del proyecto que generarían barreras significativas en el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo:
- La previsión de "asegurar alternativas a la IVE", que parte de la premisa errónea de que este procedimiento no constituye un derecho fundamental
- La caracterización de mujeres con "altas probabilidades de recurrir a la IVE", que implicaría una recolección de información potencialmente violatoria de derechos constitucionales
- La capacitación de servidores públicos en "alternativas a la IVE" para evitar que las mujeres recurran a este procedimiento
Según el documento, estas disposiciones convertirían a los funcionarios públicos en obstáculos institucionales mediante la promoción de alternativas antes de permitir el acceso efectivo a un derecho fundamental reconocido por la Corte.
Incoherencia normativa y contradicciones internas
Las organizaciones destacan que Bogotá ya cuenta con el Acuerdo 879 de 2023, que establece un marco integral para la garantía de los derechos fundamentales en materia de salud y autonomía reproductiva, incluido el acceso a la IVE en concordancia con la normativa nacional. El nuevo proyecto, según los firmantes, crearía una incoherencia normativa peligrosa dentro del sistema distrital.
"La nueva regulación introduce requisitos y formalidades más exigentes que desnaturalizan el modelo previamente adoptado", señala la comunicación, añadiendo que estas medidas configuran un retroceso inconstitucional en la garantía de derechos sexuales y reproductivos.
Impacto en poblaciones vulnerables
El documento advierte sobre las graves consecuencias que tendría la implementación de este acuerdo:
- Dilaciones injustificadas en la atención médica
- Intervenciones en edades gestacionales más avanzadas
- Posible recurrencia a métodos inseguros de aborto
- Afectación particular a mujeres, hombres trans y personas no binarias en situación de vulnerabilidad
"Estas son precisamente las problemáticas que la sentencia C-055 de 2022 buscó corregir", enfatizan las organizaciones, recordando que la ampliación del aborto libre hasta la semana 24 tenía como objetivo principal eliminar estas barreras.
Llamado a la acción del alcalde Galán
En sus conclusiones, los firmantes exhortan al alcalde Galán a ejercer su facultad de no sancionar el proyecto, considerando que su contenido contraviene el orden constitucional vigente y vulnera el reconocimiento de la IVE como derecho fundamental. Recuerdan que la Alcaldía tiene la responsabilidad de velar por la integridad del ordenamiento jurídico y garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales sin barreras.
La comunicación está suscrita por quince organizaciones incluyendo Profamilia, Las Parceras, ILEX Acción Jurídica, Las Cómplices, Fundación Sí Mujer y Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, entre otras, demostrando un amplio consenso de la sociedad civil frente a este tema de crucial importancia para los derechos humanos en la capital del país.
