Familia colombiana separada por ICE en Estados Unidos pese a tener asilo, matrimonio e hijo ciudadano
Laura, una colombiana de 24 años residente permanente en Estados Unidos, llegó temprano a la cárcel de su ciudad el 28 de enero de 2026 con la esperanza de reunirse con su esposo Javier, detenido por semanas. La noche anterior, un policía le había confirmado su liberación. Sin embargo, al preguntar por su nombre, recibió la respuesta que aún no logra asimilar: "Me dijeron que se lo había llevado ICE". Este relato expone cómo una familia con vínculos legales en el país fue separada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Un matrimonio bajo amenazas en Colombia
Laura y Javier iniciaron su relación a finales de 2019. Ella ya tenía una petición familiar en curso desde 2018, concretada en febrero de 2023, cuando emigró desde el Caribe colombiano a un estado conservador del oeste estadounidense. Javier, originario de la misma región, participaba en un grupo cívico que colaboraba con la Policía Nacional como informante sobre dinámicas criminales. Las amenazas no tardaron en escalar.
"A mi tío le cumplen la amenaza y lo matan en abril de 2023. Mi esposo se asusta y busca ayuda, presentó la denuncia, pero no le brindaron apoyo", cuenta Laura. Meses después, otro familiar del grupo también fue asesinado. Frente a este peligro, decidieron que Javier saliera del país. Cruzó la frontera con un permiso humanitario, presentó solicitud de asilo y comenzó a construir una vida junto a Laura.
Se casaron en febrero de 2025 y, con un abogado, iniciaron el proceso para ajustar su estatus migratorio. El embarazo de Laura, de alto riesgo, los obligó a concentrarse en su salud. Javier asumió el sustento del hogar mientras ella atravesaba el posparto con su bebé de cuatro meses, quien es ciudadano estadounidense.
El accidente que desencadenó la detención migratoria
La noche del 2 de enero de 2026, la pareja salió a un restaurante, una salida poco común desde el nacimiento del bebé. "Salimos a comer en un restaurante bar y ambos nos tomamos un par de copas. Al salir, en la carretera, una persona se voló un semáforo en rojo y se le atravesó a mi esposo", relata Laura. El impacto hizo girar el vehículo y ella se rompió el labio.
Tras el accidente, la discusión escaló. La conductora, ciudadana estadounidense, llamó a la policía y acusó a Javier de agresión. "La muchacha dijo que le iban a creer a ella porque era estadounidense y nosotros no teníamos papeles, que éramos unos inmigrantes sin derecho a estar en este país", explica Laura.
Javier fue detenido y pasó semanas en la cárcel mientras avanzaba el proceso judicial. Laura presentó videos y pruebas, y el juez determinó que no era culpable del accidente. Los cargos fueron eliminados, quedando solo una infracción menor por conducta desordenada. La liberación parecía inminente, pero ICE intervino antes de que pudiera salir.
La lucha legal y la negación de la fianza
Laura acudió a la oficina de migración con documentos que acreditaban el proceso legal de su esposo, el matrimonio, la ciudadanía del bebé y el arraigo familiar. Nada cambió el curso del caso. Javier tuvo dos audiencias migratorias a comienzos de febrero, donde le negaron la fianza.
"Él mostró las pruebas del asilo, las pruebas del parole humanitario, lo que pasó en Colombia, que tiene esposa residente, un bebé ciudadano, suegros estadounidenses, y aun así le negaron la fianza", dice Laura. En una audiencia, Javier pidió ser deportado, pero el juez también se lo negó. "Mi esposo le dijo al juez que mejor le diera la deportación porque ya no sabía qué más mostrarle", relata, añadiendo que él se puso a llorar.
Laura estuvo presente en ambas audiencias con el bebé en brazos, pero eso no influyó. "Ahí fue cuando yo dije, como el mismo nombre lo dice: ICE, son de hielo". Desde entonces, Javier permanece detenido y podría ser trasladado a otro estado como Arizona, lo que haría casi imposible las visitas.
Consecuencias devastadoras y contexto migratorio
Laura quedó sola, sin trabajo y enfrentando una orden de desalojo por falta de pago del arriendo. Habla con Javier por las noches y han discutido un plan B: si es deportado, reclamar impuestos juntos y usar ese dinero para irse a otro país. "No es que queramos irnos. Es que no podemos quedarnos allá ni volver a Colombia como si nada, porque allá la vida de él corre riesgo", afirma.
Su historia ocurre en medio de un aumento sostenido de detenciones migratorias bajo el segundo mandato de Donald Trump. Según cifras del Proyecto de Datos de Deportación analizadas por EL TIEMPO, desde el inicio de este periodo hasta mediados de octubre de 2025, 6.814 colombianos fueron arrestados por ICE, un incremento del 46% frente al mismo periodo del año anterior.
Del total, apenas 1.201 son criminales; es decir, el 82% de los ciudadanos detenidos son personas con procesos pendientes pero sin cargos (2.282) o sin condenas ni procesos (3.331). Un informe del Cato Institute señala que casi tres cuartas partes de las personas detenidas por ICE en los últimos meses no tenían antecedentes criminales, y solo un 5% enfrenta cargos violentos.
Las salidas voluntarias del país, como la que pidió Javier, se multiplicaron a niveles sin precedentes, impulsadas por la presión de la detención prolongada. Laura resume su desesperación: "Hay tantas amenazas hacia él que tendríamos que movernos otra vez, así sea para otro país". Ella espera que su esposo sea liberado para continuar su proceso migratorio en libertad; si no, la alternativa es abandonar Estados Unidos juntos.
