Defensoría del Pueblo exige respuesta urgente ante escalada violenta en Guachené, Cauca
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta urgente por la escalada de violencia en el municipio de Guachené, departamento del Cauca, donde se registra una tasa de homicidios desbordada que supera ampliamente el promedio nacional. Este municipio, con apenas 20.000 habitantes, reportó 49 homicidios durante el año 2025, lo que configura una situación humanitaria crítica que demanda atención inmediata.
Oleada de ataques armados en abril
En los últimos días, específicamente el pasado 5 de abril, se registró una nueva oleada de violencia en la vereda Obando de Guachené. En este ataque armado, dos personas perdieron la vida y una más resultó gravemente herida. Paralelamente, se reportó otro homicidio adicional, evidenciando la agudización del conflicto en esta zona del norte del Cauca.
La Defensoría advierte que estos hechos no son aislados, sino que forman parte de una ola de violencia que afecta toda la zona plana del norte caucano, donde también se ha incrementado el desplazamiento forzado y otras violaciones sistemáticas a los derechos humanos fundamentales.
Presencia de grupos armados y dinámicas territoriales
Según la entidad defensorial, en el territorio opera el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental 'Comandante Jacobo Arenas', perteneciente a las disidencias comandadas por 'Mordisco'. Además, existen otros grupos de delincuencia organizada, incluyendo estructuras conocidas como '5 y 6', que disputan el control territorial.
La violencia responde a dinámicas territorializadas que impactan especialmente a comunidades étnicas, exponiéndolas a amenazas constantes, homicidios selectivos, confinamientos forzados y severas restricciones a la movilidad. A esta situación se suma la falta de garantías para prácticas culturales ancestrales, como la realización de rituales funerarios, lo que afecta directamente los derechos culturales y la pervivencia de la comunidad afrodescendiente en la región.
Respuesta institucional insuficiente
Desde diciembre de 2025, la Defensoría ha activado múltiples mecanismos de respuesta:
- Misiones de verificación en terreno
- Escenarios de coordinación interinstitucional
- Acompañamiento para el reconocimiento de víctimas
Sin embargo, la continuidad y agravamiento de los hechos violentos evidencian que estas medidas resultan insuficientes. El impacto humanitario alcanza niveles críticos, con más de 80 estudiantes desescolarizados y persistentes deficiencias en la activación de rutas de atención a víctimas y en la articulación entre entidades competentes.
Llamado urgente a las autoridades
Frente a este panorama alarmante, la Defensoría instó a las autoridades nacionales y regionales a adoptar medidas urgentes y efectivas, entre las que destacan:
- Una respuesta integral con enfoque territorial diferenciado
- Implementación de esquemas de protección colectiva con enfoque étnico
- Fortalecimiento de la presencia institucional preventiva
- Atención inmediata a las comunidades afectadas
- Activación de mecanismos de respuesta para garantizar atención a víctimas
- Medidas específicas para prevenir la deserción escolar
"La protección de la vida, la dignidad y la pervivencia de las comunidades étnicas debe ser una prioridad inmediata e inaplazable", concluyó la Defensoría del Pueblo, subrayando la gravedad de la situación en un contexto donde la violencia sigue afectando especialmente a niñas, niños y adolescentes.
