La defensa de ocho colombianos detenidos en México revela nuevos argumentos
Ocho ciudadanos colombianos, originarios principalmente del municipio de Cartago en el norte del Valle del Cauca, permanecen detenidos desde septiembre de 2025 en un reclusorio de Texcoco, México. Sus casos han generado controversia porque, inicialmente vinculados al homicidio de los artistas B-King y Regio Clown, ahora enfrentan cargos por presunta extorsión en un esquema conocido como gota a gota.
Una pesadilla que comenzó con desapariciones
La historia se remonta a finales de septiembre de 2025, cuando Yuli Catherine Zapata Villa, Juan Fernando Córdoba Rendón, Yonier Alexánder Mantilla Gómez y Samuel Leandro Quintero Ruiz fueron reportados como desaparecidos en México. Sus familias, desde el Valle del Cauca, vivieron semanas de incertidumbre hasta que la Policía mexicana confirmó sus capturas, aunque sin explicaciones detalladas.
La Fiscalía General de Justicia del estado de México (Edomex) aclaró posteriormente que estos colombianos no estaban siendo investigados por el homicidio de B-King y Regio Clown, ocurrido el 17 de septiembre de 2025, sino por presunta extorsión. Según documentos oficiales, se les acusa de formar parte de un esquema extorsivo a través de la empresa Emprende Coin, con domicilio fiscal en Ciudad de México.
Las denuncias de las familias
Las familias de los detenidos han elevado su voz a través de una denuncia dirigida al secretario de Seguridad Pública Federal de México, Omar García Harfuch. En este documento, de más de veinte páginas, describen lo que califican como graves violaciones a los derechos humanos.
- Detenciones arbitrarias sin orden judicial
- Presuntos maltratos físicos y verbales
- Robo de pertenencias durante allanamientos
- Negación del derecho a comunicación con consulados
- Discriminación por su nacionalidad colombiana
Stephanía Zapata, hermana de Yuli Zapata, declaró a medios colombianos: "No pudieron responsabilizarlos por homicidio, luego les abrieron por daños a la salud y narcomenudeo, pero tampoco encontraron nada. Pero a pesar de eso nunca los han dejado libres".
El testimonio cuestionado
La base de la acusación por extorsión se sustenta en el testimonio de una persona identificada como E.R.R.R., quien alega que fue víctima de extorsión el 23 de julio de 2025, dos meses antes del asesinato de los artistas. Sin embargo, la defensa y las familias cuestionan la veracidad de este testimonio.
Según Stephanía Zapata, "en Colombia no se emplea la expresión 'A ver hijo de la chingada, aquí los huevos no son al gusto'", frase que aparece en el testimonio. Argumentan que el lenguaje utilizado es propio de México, no de Colombia, lo que sugeriría un testimonio fabricado.
La respuesta institucional
Las familias han buscado apoyo en diversas instancias:
- Presentaron una denuncia ante el Senado de Colombia
- Solicitaron intervención de la Cancillería colombiana
- Acudieron a la Embajada de México en Bogotá
- Realizaron manifestaciones públicas con pancartas
La presidencia del Senado respondió mediante documento del 12 de marzo de 2026, reconociendo la gravedad de las denuncias pero aclarando sus limitaciones en asuntos de política exterior. Trasladaron el caso a la Cancillería para que active los protocolos diplomáticos correspondientes.
Los otros cuatro detenidos
Inicialmente se hablaba de cuatro colombianos detenidos, pero el abogado defensor Alfredo Chávez confirmó que son ocho los ciudadanos vinculados al proceso:
- Yuli Catherine Zapata Villa
- Juan Fernando Córdoba Rendón
- Yonier Alexánder Mantilla Gómez
- Samuel Leandro Quintero Ruiz
- Karen Calero
- José Geovanny Vásquez
- Stevinson Toro
- Diego Armando Miranda
Todos ellos permanecen recluidos en el Centro de Reinserción Social Molino de Flores en Texcoco, estado de México, a la espera de que continúen las audiencias judiciales. La próxima audiencia sobre la presunta extorsión está programada para el 23 de marzo, después de un aplazamiento ocurrido la semana pasada.
Condiciones de detención preocupantes
Las familias han denunciado que sus familiares no reciben un trato digno en el reclusorio. Según testimonios, habrían perdido peso considerablemente debido a la insuficiente alimentación, recibiendo como máximo una comida al día, que a veces consiste solo en té o agua con pan.
Además, aseguran que no se les ha permitido comunicarse adecuadamente con sus familias ni con representantes consulares, violando según ellos derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El caso continúa desarrollándose mientras las familias mantienen la esperanza de que las autoridades mexicanas revisen las presuntas irregularidades en el proceso y las autoridades colombianas ejerzan presión diplomática para garantizar un debido proceso.
