Crisis humanitaria en Aracataca: Cadáveres sin recoger y campesinos confinados en medio de combates
Una grave crisis humanitaria se vive en las veredas de la parte alta de Aracataca, Magdalena, donde entre ocho y diez cuerpos permanecen tendidos a un costado de los caminos veredales sin que ninguna autoridad haya realizado el levantamiento técnico correspondiente. Los cadáveres, que según líderes sociales corresponderían a combatientes de grupos armados ilegales, siguen descomponiéndose mientras las familias campesinas que no lograron huir el pasado 18 de febrero continúan confinadas en medio de los enfrentamientos.
Zonas afectadas y grupos en conflicto
La situación se registra en veredas como La Fuente Alta y Baja, Cerro Azul, Las Margaritas y El Chimborazo, en el municipio de Aracataca. Desde hace más de una semana se presentan combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ASCN) por el control de la Sierra Nevada de Santa Marta. Lerber Dimas Vásquez, director ejecutivo de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (Pdibal), denuncia que los enfrentamientos han dejado al menos 55 familias desplazadas, aproximadamente 275 personas, y el censo de civiles confinados todavía no está confirmado.
Según la organización, hombres armados estarían reteniendo a campesinos en los caminos, revisando sus celulares y restringiendo su movilidad de manera arbitraria. "Preocupa enormemente que estos combates se presentaran ya hace más o menos una semana y que hoy todavía estén tirados los cuerpos de las personas que murieron en ese combate", declaró Dimas Vásquez a El Espectador.
Denuncia por falta de atención médica y violaciones a derechos humanos
Entre los casos más críticos se encuentra el de una joven campesina en avanzado estado de gestación que perdió a su hijo en medio de los combates y permanece sin atención médica adecuada. Esta situación, sumada a la presencia de cadáveres descomponiéndose en las carreteras, perpetúa el miedo y el abandono en las comunidades afectadas.
Dimas Vásquez relató además que "en algunas fincas que quedaron solas, los grupos armados han ingresado y se han llevado la comida y también han utilizado esas fincas para repeler ataques y para camuflarse, lo cual es una violación a los derechos humanos". Esto involucra directamente a las comunidades campesinas en un conflicto que no les corresponde, exponiéndolas a riesgos tanto de la fuerza pública como de los grupos armados.
Falta de respuesta institucional y planes de contingencia
La Plataforma de Defensores cuestionó severamente la falta de respuesta institucional ante esta emergencia. Además del abandono de los cadáveres, señalan que:
- Los albergues municipales son insuficientes para atender a la población desplazada
- No existen planes de contingencia actualizados para este tipo de emergencias
- La alimentación proporcionada a los afectados no cumple con estándares mínimos de calidad
Esta situación ya tuvo un precedente preocupante en el vecino municipio de Ciénaga, donde el pasado 4 de febrero familias desplazadas por combates recibieron una atención deficiente. "Estas familias recibieron una muy mala atención en el municipio de Ciénaga y, adicional a esto, les dieron una comida en malas condiciones que terminó intoxicando a nueve de ellos", denunció Dimas Vásquez.
Llamados a la acción y pronunciamientos oficiales
La Defensoría del Pueblo, en un pronunciamiento del 22 de febrero, indicó que es necesario mantener un monitoreo permanente sobre la situación de las personas que se mantienen en la zona rural del municipio. La entidad, en cabeza de Iris Marín, solicitó a la administración municipal activar el Plan de Contingencia "con el fin de garantizar la atención humanitaria de emergencia a la población desplazada".
La Plataforma de Defensores hizo un llamado urgente a:
- La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
- La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA
- La Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Para que promuevan una ruta humanitaria urgente, faciliten el levantamiento de los cuerpos y gestionen acuerdos que reduzcan la violencia en medio de los diálogos que se adelantan con estos grupos armados en el marco de la política de Paz Total.
"La situación hoy es un territorio que está siendo gobernado por dos grupos armados que se disputan el control del macizo montañoso, y en la mitad tenemos dos batallones del Ejército, que también es un poco complejo", alertó Dimas Vásquez. Mientras en Aracataca las personas permanecen confinadas en fincas y veredas, defensores de derechos humanos piden al Gobierno un consenso con los grupos armados que están en mesa de negociaciones para pacificar los territorios, pero en su disputa por el control territorial siguen dejando víctimas entre la población civil.
