Funcionario del CTI secuestrado por Eln reaparece en video y critica al Gobierno Petro
Secuestrado del CTI critica a Petro en video del Eln

El funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Rodrigo Antonio López, secuestrado por la guerrilla del Eln desde hace más de un año en Arauca, reapareció en un video difundido por ese grupo armado en el que expone el deterioro de su salud, describe las difíciles condiciones del cautiverio y lanza fuertes cuestionamientos al Gobierno del presidente Gustavo Petro por la falta de avances en su liberación.

Reaparición y críticas al Gobierno

“Ya llevamos un año de cautiverio y ocho días”, afirma López Estrada al inicio de la grabación, visiblemente afectado y con un tono de agotamiento. En el mensaje asegura sentirse “cansado”, “agotado” y golpeado físicamente por las condiciones en las que permanece retenido en la selva.

Durante buena parte del video, el investigador del CTI se dirige a su familia y relata el impacto emocional que ha tenido el secuestro, especialmente en su relación con su hijo. “Durante 11 años todos los días llevé a mi hijo al colegio. Y la tristeza que me da, señor presidente, es no haber tenido la oportunidad de verlo graduado”, expresó entre lágrimas.

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El funcionario aseguró que el tiempo en cautiverio le ha impedido acompañar momentos fundamentales de su entorno familiar y pidió acelerar mecanismos que permitan su liberación y la de los demás retenidos.

Responsabiliza al Gobierno nacional

En el video, López Estrada también responsabilizó al Gobierno nacional de no haber concretado un acuerdo humanitario con el Eln. Además, le pidió directamente al presidente Gustavo Petro “dejar las cosas personales” con esa guerrilla y actuar “con ética y profesionalismo”.

“Usted es el presidente de la República. Debe actuar como lo que es, acogerse a las leyes y a los tratados que hay para esta liberación”, manifestó.

El funcionario insistió en que tanto él como los demás secuestrados enfrentan condiciones complejas en medio de la selva y reiteró el llamado para avanzar en un mecanismo humanitario.

Condiciones de salud de otros secuestrados

López Estrada también habló sobre la situación médica de los otros funcionarios retenidos junto a él. Entre ellos mencionó a su compañero de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo, quien, según afirmó, necesita una cirugía de apéndice y ha sufrido varias crisis médicas durante el cautiverio.

“El Eln le ha brindado algunos medicamentos, pero esos son medicamentos como para calmar”, señaló.

Además, pidió a familiares de policías, sindicatos de la Fiscalía y organizaciones sociales impulsar protestas e incluso un “paro nacional” para exigir la liberación de los cuatro funcionarios secuestrados por el Eln.

“Estamos cansados. No es fácil estar aquí en esta selva”, reiteró.

Eln impuso “condenas” a funcionarios y policías

El pasado 5 de mayo, el Eln anunció que impuso supuestas “condenas” de hasta cinco años de “prisión revolucionaria” a Rodrigo Antonio López y a Jesús Antonio Pacheco Oviedo, ambos secuestrados en mayo de 2025 en Arauca. La guerrilla argumentó que los funcionarios “pertenecen a un organismo del Estado” al que acusa de cometer “crímenes de lesa humanidad”.

Asimismo, el grupo armado anunció penas de tres años para los policías de la Dijín Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, retenidos desde julio del año pasado en el mismo departamento.

El Eln justificó estas decisiones en supuestos “juicios revolucionarios” y planteó la posibilidad de un “canje humanitario” con el Gobierno nacional, propuesta que fue rechazada por las autoridades colombianas.

Gobierno rechazó las decisiones del Eln

Tras el anuncio de la guerrilla, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, calificó de “cobarde” la decisión del Eln y aseguró que ese grupo armado “no representa justicia” ni tiene legitimidad para ejercer funciones judiciales.

En medio de este panorama, esta misma semana el Eln liberó a siete civiles que mantenía secuestrados en Arauca, entre ellos una ciudadana venezolana. Las personas fueron entregadas a una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la ONU.

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