El Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió un video en el que anuncia un denominado “juicio revolucionario” contra cuatro funcionarios secuestrados desde 2025 en el departamento de Arauca, a quienes impuso condenas que prolongan su cautiverio hasta por cinco años más.
Identidad de los secuestrados
Según informó El Tiempo, los cuatro servidores retenidos pertenecen a la fuerza pública y a la Fiscalía, con trayectorias de varios años en sus instituciones. Entre ellos figuran Franque Hoyos Murcia, subintendente de la Dijín con cerca de 17 años de servicio. Asimismo, permanece en cautiverio el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, integrante del cuerpo élite de esa misma dirección en Bogotá, con más de una década en la Policía. Ambos uniformados fueron interceptados el 20 de julio de 2025 cuando se desplazaban por la vía entre Tame y la capital araucana.
En el pronunciamiento del grupo armado, se les atribuyen señalamientos de inteligencia y se les impuso una pena de 36 meses de cautiverio bajo la figura de “prisión revolucionaria”.
Investigadores del CTI
En cuanto al caso de los investigadores del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, su retención ocurrió semanas antes, el 8 de mayo de 2025, en zona rural del municipio de Fortul, mientras cumplían funciones oficiales. Para estos dos funcionarios, el grupo insurgente anunció sanciones más extensas. A Pacheco Oviedo le fijó una permanencia de 60 meses, mientras que a López Estrada le estableció 55 meses.
El comunicado del grupo subversivo menciona que el tiempo que llevan en poder del grupo sería tenido en cuenta dentro de esas penas y alude a posibles reducciones por comportamiento, en lo que denominan su sistema interno.
Reacción del Gobierno
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, cuestionó de manera contundente el denominado “juicio revolucionario” anunciado por el ELN contra los funcionarios secuestrados, al señalar que ese grupo armado no tiene ninguna legitimidad para adelantar este tipo de procesos. Según explicó, ese grupo no es una autoridad judicial ni hace parte del Estado, por lo que cualquier decisión que adopte carece de validez legal dentro del ordenamiento colombiano.
El jefe de la cartera de Defensa también calificó al grupo como una amenaza contra la población, recordando que el secuestro es un delito grave que puede acarrear penas de hasta 40 años de prisión en Colombia. “El repudiable delito del secuestro tiene una condena de hasta 40 años de prisión, así que exigimos que liberen a todos los colombianos que el cartel del ELN tiene secuestrados. Y le pedimos también a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a la Iglesia católica, al mundo entero, que se unan en este propósito para traer a todos los colombianos que están secuestrados al seno de sus hogares”, indicó Sánchez.
En ese contexto, insistió en la necesidad de una liberación inmediata de los funcionarios retenidos y reiteró que el Estado continuará trabajando para lograr su regreso, con apoyo de organismos internacionales y entidades humanitarias. El pronunciamiento se dio luego de que el ELN anunciara que mantendrá en cautiverio a los secuestrados bajo supuestas decisiones internas, lo que intensificó el rechazo del Gobierno frente a este tipo de acciones.
